Por Jorge Eduardo García
La doble vara de medir ha sido siempre la herramienta predilecta de quienes, bajo un disfraz de moralidad impoluta, operan con la ligereza de quien se sabe protegido por las estructuras de poder. La hipocresía que hoy presenciamos no es un accidente, es un método.
Resulta fascinante observar cómo, en el tablero político, la definición de un acto trasciende los hechos mismos para quedar supeditada exclusivamente a la filiación ideológica de quien lo comete. Si el señalado milita en las filas de la izquierda, la maquinaria del juicio público se enciende con una violencia desmedida. Basta recordar el linchamiento mediático contra el diputado Leonardo Almaguer, a quien se le exhibió, se le escrutó públicamente y se le exigió la renuncia por haber cumplido una pena en prisión hace años. En su caso, la clase política y ciertos medios no dudaron en calificarlo de criminal y cuestionar su idoneidad para el cargo, ignorando que ya había saldado su cuenta con la justicia.
Ahora bien, tras las recientes visitas de figuras como Isabel Díaz Ayuso y la llegada del rey a nuestras tierras —de quien aún nos preguntamos qué regalo nos trajo o qué deuda nos vendrá a heredar—, estos personajes han entrado en un trance de delirio monárquico. Se sienten españoles, se sienten parte de la nobleza y, bajo esa lógica de superioridad, yo también he decidido hablar en castellano, como habla un español de a pie, coloquial y sin rodeos. Por eso, y por el hartazgo que provocan, los llamo así: putos gasmoños de mierda.
Cuando la derecha, esos conservadores que se escudan en un halo de respetabilidad, enfrentan el escrutinio, el delito se transmuta en “error de juventud”. Como bien apunta el periodista Ricardo Ravelo, “ahora resulta que las carpetas abiertas contra el diputado panista Hurtado Luna son errores de juventud”. Esta narrativa, convenientemente difundida por el PAN, busca minimizar lo que a todas luces requiere una investigación profunda. No estamos ante un simple tropiezo del pasado; estamos ante el ejercicio vigente de un poder que se cree intocable, un esquema donde figuras como Eduardo Rosales y el propio Hurtado parecen operar bajo una protección que el resto de los ciudadanos no posee.
El caso de Hurtado Luna merece un escrutinio riguroso, particularmente en lo que respecta al presunto tráfico de influencias del legislador. Pero la trama se complica aún más al observar el rol que juega la Contralora Sifuentes. Es inadmisible su doble papel: actúa como Contralora y contratista a la vez, una mancuerna que huele a conflicto de interés desde cualquier ángulo que se le analice.
Esta es la esencia de los gasmoños: gente que presume de una ética superior, pero que en la práctica aplica un derecho a la carta para proteger los engranajes de su propia corrupción. La ley, en sus manos, no es una vara común, sino una regla elástica que se estira para proteger a los suyos y se contrae para ahorcar a quienes piensan distinto.
La memoria colectiva no debería ser tan frágil. Ahora resulta que todo ese discurso sobre el supuesto “narcogobierno” y las complicidades delictivas son solo herencias que ellos mismos dejaron sembradas, pero que ahora se sacuden bajo el pretexto de que fueron meros pecados de juventud. Según su lógica, el tiempo lo borra todo: en la madurez, ya no cometen delitos, solo administran los privilegios que heredaron de sus propios tropiezos. Una farsa que no engaña a nadie con dos dedos de frente.
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