Jorge Eduardo García Pulido.
Es preciso iniciar aclarando que el título de este espacio no hace referencia al famoso y jocoso corrido interpretado por Los Cadetes de Linares. En esa pieza de la música popular, se relata la tragedia de tres hermanos que, tras recibir la bendición de su padre, cabalgan hacia una fiesta solo para encontrar la muerte en una emboscada; una historia de fatalidad que termina con el llanto de un padre ante tres cruces. Sin embargo, mi referencia es distinta y surge de una memoria personal que, aunque menos musical, resulta igual de sentenciosa.
En los años noventa, la aspiración de muchos jóvenes era recorrer las calles sobre una Aero de Honda. El diseño era cautivador y la sensación de libertad, total. Recuerdo bien que mi padre ya había pactado con mis hermanos y conmigo el obsequio de una de estas máquinas para salir a dar la vuelta con los amigos. Sin embargo, en aquel hogar regido por un matriarcado firme y previsor, mi madre se impuso con una determinación inamovible. Le dijo a mi padre que, antes de comprar la moto, primero debía comprar tres cajones para asegurar nuestro entierro. La misión fue abortada de inmediato.
En aquel entonces, las calles de Guadalajara no presentaban el estado de ruina que vemos hoy, ni la carga vehicular era asfixiante. La motoneta era un objeto de convivencia social, no una herramienta de explotación laboral masiva. El conflicto comenzó cuando las pizzerías introdujeron la promesa de la entrega en treinta minutos o menos. Esa condición de rapidez extrema fue la semilla de la mal utilización de la motocicleta, priorizando la mercancía sobre la seguridad del conductor y de terceros.
Hoy, la imprudencia ha escalado a niveles inaceptables. Quienes operan estos medios de transporte parecen ignorar sistemáticamente las leyes de vialidad y el reglamento de tránsito del estado. Los accidentes y muertes imprudenciales han aumentado de forma alarmante, mientras las autoridades permanecen en una parálisis regulatoria que raya en la complicidad. Las cifras del INEGI no mienten: los motociclistas representan ya casi el 50 por ciento de las muertes viales en zonas urbanas del país.
Es urgente que la Comisión de Movilidad y Transporte en el Congreso del Estado, presidida por la diputada Alejandra Giadans Valenzuela, deje de lado la tibieza y emita un decreto tajante. Resulta por demás irónico y cuestionable que, mientras la comisión está bajo presión por el aumento de la siniestralidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, haya firmado a finales de marzo de 2026 un convenio con Grupo Salinas. Este acuerdo permite instalar módulos de emplacar de inmediato dentro de sus tiendas bajo el argumento de «ordenar y dar seguridad». En la práctica, esto no es más que una alfombra roja para que las unidades salgan a las calles con mayor celeridad, alimentando el caos bajo una fachada de legalidad administrativa.
Los responsables de esta crisis tienen nombre y apellido: Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno del Estado de Jalisco. El primero, por una ambición desmedida que ha inundado las calles con motocicletas vendidas como electrodomésticos, ignorando la nula pericia de los compradores; el segundo, por consentir y facilitar la venta a diestra y siniestra de lo que hoy es, literalmente, un arma mortal. Mientras el Estado prefiera ser facilitador de negocios antes que regulador del orden, Jalisco seguirá siendo un escenario de tragedias diarias. Mi madre tenía razón: en estas condiciones, comprar una moto de bajo cilindraje es empezar a pagar el propio entierro.
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