Por la Redacción.
GUADALAJARA, JALISCO.— La crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara ha dejado de ser un problema técnico de abastecimiento para convertirse en el epicentro de la urgencia social y el manoseo político. Entre la contaminación que fluye por las tuberías y la inoperancia institucional, el derecho humano al agua potable permanece empantanado en promesas gubernamentales y señalamientos partidistas.
Ante el persistente suministro de agua turbia y con mal olor, la población ha tenido que resolver por cuenta propia una responsabilidad que le corresponde al Estado. La compra de filtros domésticos de polipropileno, carbón activado o fibra de vidrio se ha disparado como una medida de contención desesperada. Sin embargo, especialistas en gestión hídrica advierten que estos dispositivos únicamente retienen sedimentos o aminoran el mal olor, sin que exista certeza sobre la eliminación de bacterias o metales pesados, lo que expone a miles de familias a riesgos sanitarios.
Por su parte, el Gobierno del Estado entregó al Congreso de Jalisco su programa hídrico sexenal. Como respuesta inmediata a la contingencia, la estrategia plantea el reparto de agua mediante pipas, la instalación de plantas potabilizadoras provisionales y la distribución gratuita de agua embotellada; soluciones paliativas que, si bien atienden la emergencia puntual, no resuelven el deterioro estructural de la red de distribución.
En el ámbito legislativo y de fiscalización, el debate ha subido de tono. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados ha volcado sus baterías contra el manejo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), mientras organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) han procedido legalmente contra el organismo por la pésima calidad del servicio.
En este contexto, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar arremetió contra la administración del SIAPA, calificándolo como un modelo obsoleto de gestión y señalándolo de operar como una «caja chica». Sin embargo, los cuestionamientos sobre el uso político del tema de la infraestructura hídrica no vienen solos. La postura de Ramírez Cuéllar contrasta con la realidad del propio partido guinda en la entidad: Morena ya mostró su músculo flácido el pasado 18 de julio durante su evento metropolitano. En dicho encuentro, donde al parecer se escenificó una reconciliación de papel y se pretendió hacer ver que sanaron las heridas entre el grupo encabezado por Carlos Lomelí y la fracción de Laura Imelda Pérez Segura, la convocatoria terminó por exhibir las profundas carencias, fracturas y la falta de peso real del movimiento de regeneración en Jalisco.
Mientras el forcejeo político continúa y las figuras partidistas buscan rentabilidad electoral a costa de las fallas en el servicio, la ciudadanía en la zona metropolitana sigue abriendo la llave para recibir agua en condiciones inaceptables, a la espera de soluciones de fondo que vayan más allá del discurso y las alianzas de coyuntura.
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