Jorge Eduardo García Pulido.
Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. La crisis hídrica de Aguascalientes y la accidentada salida de Veolia no son solo un caso de estudio; son la advertencia de lo que ocurre cuando la política sacrifica la viabilidad operativa en el altar de la privatización. En Jalisco, el SIAPA camina hacia un destino similar, marcado por la ineficiencia, el clientelismo y la ausencia de una estructura financiera que realmente proteja el derecho humano al agua.
El SIAPA, fundado bajo la visión institucional de figuras como el Ing. Jorge Matute Remus, nació con el propósito de modernizar y garantizar el abasto en una metrópoli en crecimiento. Sin embargo, lo que debió ser un modelo de gestión técnica se convirtió, con el paso de las décadas, en el botín predilecto de una tecnocracia política que entendió al organismo no como un servicio, sino como un refugio de nómina. Desde las facciones emilistas hasta los grupos que cobijaron a perfiles como Javier Curiel, Lalo Rosales u Octavio Esqueda, la lógica fue clara: llenar la estructura de lealtades partidistas, ignorando que ningún gobierno es sostenible cuando la nómina devora la capacidad de inversión.
Esta desatención tiene un costo ecológico y técnico brutal que contraviene los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. El SIAPA no solo entrega agua sucia; es un organismo colapsado porque carece de una estrategia de eficiencia energética y de una red inteligente de distribución. Gran parte del agua que debería llegar a los hogares se pierde por fugas invisibles, filtrándose hacia el subsuelo debido a un sistema hídrico obsoleto e ineficiente. Esta pérdida masiva de caudal, sumada a la incapacidad de monitoreo técnico, hace que la gestión del agua en nuestra metrópoli sea un atentado contra los recursos hídricos del futuro. Mientras la política se concentra en las cuotas, se desperdician millones de litros que el SIAPA es incapaz de controlar o contabilizar.
La verdadera tragedia radica en su diseño financiero. Un organismo de esta magnitud debió blindarse mediante un fideicomiso público: un contrato donde el Estado transfiere bienes y derechos a una institución fiduciaria para asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a proyectos estratégicos, evitando la discrecionalidad política. En cambio, nos encontramos con un sistema donde el gasto operativo supera sistemáticamente a la recaudación. El resultado es un círculo vicioso: no se recauda lo que se debe, no se invierte lo que se necesita y la infraestructura se desmorona ante la falta de transparencia y cuentas claras.
A buen entendedor, pocas palabras: el Ejecutivo estatal ya no cree en el SIAPA. Las recientes declaraciones de Alberto Esquer son la señal de que el gobierno busca deslindarse de este pasivo político. Si el camino no es la creación de un nuevo ente descentralizado, la sombra de una concesionaria privada planea nuevamente sobre la cobranza, tratando el derecho constitucional al agua como una simple mercancía.
Esta transición, sin embargo, desatará una “guerra de laudos”inminente. Liquidar al SIAPA significa enfrentar las indemnizaciones de un personal que ha visto el organismo como un botín durante años. La pregunta de fondo es si el gobierno tiene la voluntad de sanear la estructura mediante un fideicomiso transparente o si, por el contrario, simplemente cambiará las siglas para seguir operando bajo la misma inercia de clientelismo que ha llevado a Guadalajara a esta crisis. Si no se corrige la falla estructural y se garantiza la eficiencia técnica, no habrá organismo, fideicomiso ni concesionaria que logre salvar lo que la política ya se encargó de drenar.
**Conclusiones de una gestión en crisis:**
1. **El desinterés financiero del Ejecutivo:** El gobernador no busca un crédito para el SIAPA porque su apuesta no es la salvación del organismo, sino la creación de un ente paralelo, diseñado desde cero para eludir las responsabilidades y el desgaste que el SIAPA arrastra.
2. **El deslinde político:** El desgaste generado por Alberto Esquer al confrontar la gestión de Enrique Alfaro, calificándola de ineficiente y denunciando la falta de resultados, confirma la ruptura interna; el Jefe de Gabinete ha expuesto al alfarismo como un modelo que simplemente no cumplió con sus promesas.
3. **La barbarie administrativa:** La nómina se ha embrutecido hasta niveles desproporcionados. Existe una irracionalidad absoluta entre la funcionalidad del servicio y el gasto erogado; es un desequilibrio que no tiene cabida en ninguna administración pública moderna.
4. **El riesgo a la salud tapatía:** Es inaceptable que, bajo la exigencia estricta del pago por servicio, el organismo sea incapaz de garantizar el derecho constitucional al agua potable de calidad, dejando a toda la Zona Metropolitana de Guadalajara en una situación de vulnerabilidad sanitaria constante.
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