Por: Jorge Eduardo García Pulido
Acorralada por las crecientes denuncias de opacidad, malas prácticas y desvíos internos, la administración de Laura Imelda Pérez Segura ha decidido activar su estrategia más desesperada: una megacampaña con la que maquillará de raíz la corrupción del ayuntamiento. En lugar de operar, sancionar, auditar y poner orden en las entrañas de un gobierno municipal bajo sospecha, la presidente municipal morenista prefiere desplegar una millonaria maquinaria publicitaria. Con este movimiento masivo, la presidente maquillará la realidad de las oficinas públicas para forzar una falsa percepción de honestidad que los ciudadanos simplemente no viven en las calles.
Esta estrategia es un engaño burdo. Al pueblo de Tlaquepaque no se le engaña con pantallas ni pautas digitales. La presidente parece olvidar el juramento ético que pronunció al tomar el poder, donde aceptó que si no cumplía con sus obligaciones, la nación y el estado se lo demandarían. Hoy, esa demanda social es ignorada y sepultada bajo toneladas de propaganda con la que maquillarán las áreas más críticas de la administración.
El primer gran señalamiento recae en la vulneración del derecho a la información. El Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, obligan a todo ente gubernamental a regirse por el principio de máxima publicidad. Sin embargo, en Tlaquepaque se ha instaurado una política de puertas cerradas. No se trata solo de sospechas de corrupción, sino de una opacidad sistemática donde negar información, clasificar documentos sin justificación y entorpecer las auditorías ciudadanas se ha convertido en el método de operación diario. Maquillar esta opacidad es, en esencia, violar la ley a la vista de todos.
El despliegue de esta millonaria megacampaña no es un acto inocente, sino una cortina de humo diseñada estratégicamente. Aquí entra en juego el Artículo 134 Constitucional, el cual prohíbe estrictamente que la propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Al intentar tapar la ineficiencia con publicidad, la presidente municipal no solo desvía recursos que deberían destinarse a servicios básicos, sino que utiliza el erario para pavimentar su evidente deseo de ser gobernadora. Se trata de un proyecto político personal financiado con el dinero de un municipio al que mantiene en el abandono.
El actuar de la presidente municipal no solo roza la ilegalidad administrativa, sino que representa una traición ideológica directa a los principios del movimiento que la llevó al poder. Desde el inicio de la llamada cuarta transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una postura firme y documentada respecto al uso del presupuesto público: cortar de raíz los subsidios millonarios y los favores económicos a la oligarquía de los medios de comunicación tradicionales. La estrategia nacional, respaldada firmemente en la actualidad por la presidente Claudia Sheinbaum, demostró que un gobierno que trabaja con el pueblo se comunica de cara a él a través de plataformas digitales y herramientas accesibles como YouTube y Google, de manera directa y sin intermediarios pagados.
Al reactivar una megacampaña en cadenas televisivas locales, la presidente municipal no solo gasta el dinero que le pertenece a las colonias marginadas de Tlaquepaque, sino que rescata las viejas prácticas del régimen del pasado. Utilizar el erario para comprar el silencio o el aplauso de los consorcios mediáticos es una contradicción flagrante al humanismo mexicano, un principio político que pone el bienestar de los más desfavorecidos por encima de la promoción personal de los gobernantes.
Esta contradicción obliga a levantar la voz y lanzar una pregunta directa a la conciencia de la funcionaria: ¿no tiene vergüenza de presentarse ante los ciudadanos bajo las siglas de un proyecto que juró erradicar el despilfarro publicitario, mientras tras bambalinas firma contratos millonarios para inflar su imagen? Pretender usar el presupuesto de un municipio con profundas carencias para construir una cortina de humo mediática es una muestra de desatención e inhumanidad que la militancia y la ciudadanía del estado no deben pasar por alto.
Todo este entramado legal y político aterriza en una pregunta fundamental y dolorosa. Queda sobre la mesa cuestionar directamente a los habitantes de San Pedro Tlaquepaque si están dispuestos a tolerar una vez más este nivel de inhumanidad. Soportar que la opacidad siga siendo la marca de agua del gobierno municipal significa aceptar que el futuro del municipio sea sacrificado para alimentar la carrera de una funcionaria que prefiere la simulación antes que el trabajo honesto.
Finalmente, el cinismo institucional obliga a cuestionar a esta señora, Laura Imelda Pérez Segura, de manera frontal y definitiva: ¿Acaso en algún momento de su gestión expondrá una idea brillante para el beneficio real de los tlaquepaquenses, o su paso por el poder pasará a la historia únicamente bajo la sombra de #LadySimulación?
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