Por Juan Carlos Hernández A.
Hoy día diversos militantes (aspirantes) de los partidos políticos nacionales han realizado durante los últimos meses actividades de preparación rumbo al próximo proceso electoral, pese a que éste aún no inicia formalmente, lo que representa riesgos para la equidad de la contienda y requiere atención oportuna por parte de la autoridad electoral.
Como es sabido el inicio de la organización electoral será a partir de septiembre y las precampañas formales tendrían que iniciar a finales de este año o inicios del 2027; empero, hay visos de hace al menos tres meses y medio se observan acciones partidistas encaminadas a posicionar perfiles políticos, por todos lados en el país. Hay que recordar que existe un precedente en 2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en que sereconoció el riesgo de que este tipo de actividades afecten la equidad de las contiendas electorales, ante ello anteriormente se ordenó al INE emitir lineamientos de fiscalización anticipada. Está claro que existe entonces un riesgo latente.
Para el tema cito lo que manifestó el Consejero Electoral del INE Arturo Castillo “la necesidad de que el INE inicie desde ahora la fiscalización de los recursos utilizados en estas actividades; bajo las reglas actuales, esos gastos serían revisados como gasto ordinario de los partidos, por lo que las investigaciones y resoluciones podrían concluir hasta después de la jornada electoral”, “no podríamos resolver en tiempo para contabilizar ese dinero a los topes de gastos de campaña y, por lo tanto, el daño ya estaría hecho”
Hay por lo tanto una necesidad de regular las precampañas y campañas anticipadas rumbo al proceso electoral de 2027, reglas similares para el próximo proceso electoral; hoy día la legislación vigente es insuficiente debido a que la fiscalización de estos recursos se realizará de manera tardía, una vez concluida la jornada electoral de 2027.
Si bien es cierto que, tras la más reciente reforma legal, el instituto participará mediante una Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, cuya función será recibir listas de aspirantes y remitirlas a las autoridades competentes para su revisión, también podría generar en lo posible, otra lista de las y los candidatos adelantados que mantienen una constante aparición con ideas propagandísticas de precampañas, pues como dijo el citado Consejero Electoral “actos anticipados de precampaña o campaña van en detrimento de los resultados de la elección del próximo año”
Entonces de lo que se trata como principal premisa es garantizar con la fiscalización previa, la equidad e igualdad de las contiendas electorales y salvaguardar la credibilidad de la institución electoral generando desde ya, cuidando la confianza en los siguientes resultados de la elección de 2027.
Dejar hacer y dejar pasar a quien sea por encima de la constitución; ¿esto es posible? Usted tiene la respuesta. No planear en lo referente a la estrategia de fiscalización o al menos si ya está planeado, aterrizar, hacerlo realidad, en beneficio del cuidado que por ley debe darse a la siguiente elección constitucional, en que se renovarán, 500 diputados federales, 17 gubernaturas, congresos de diputados de los estados y cientos de presidencias municipales.
Pues si es verdad que este mal existe desde siempre¿de cuál elección se acuerda? lo que sí es que ha venido creciendo descomunalmente y cada vez máses el no recato y cumplimiento de la norma de quienes aspiran a un puesto de elección popular (sobre todo en lo local) y no creo que sea por falta de conocimiento de la ley electoral estatal o de que las instituciones son las que fiscalizan esos movimientos, no será más bien por falta de buena voluntad, ¿ética profesional? bueno siquiera de cumplir y hacer cumplir la ley; las condiciones no están dadas, como para echarse para atrás en ningún sentido: debe imperar el Estado y el Derecho, sea como sea hay una norma que cumplir. Otra vez que no llegue el rumor de la discordia.
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