Por Jorge Eduardo García Pulido
Basta echar un vistazo a sus redes sociales para constatar el nivel de cinismo: Chavita se dedica a subir reels y videos presumiendo cada lugar que visita, paseándose alegremente con recursos que contrastan con la realidad de los trabajadores. Es una muestra absoluta de insensibilidad por parte de alguien que no sabe lo que es trabajar realmente ni ganarse el sustento día con día, a diferencia de esas personas honestas a las que hoy se les retiene su salario.
Mientras el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) enfrenta severos cuestionamientos sobre su administración y el manejo de recursos públicos, distintas versiones sostienen que su director general, Salvador Cosío Gaona, se encuentra plácidamente fuera del país. Esta ausencia y la total falta de una explicación pública alimentan las dudas sobre quién está atendiendo una institución que, por su naturaleza, debería concentrarse en fortalecer la capacitación laboral. La responsabilidad pública no admite silencios prolongados ni administraciones a distancia; gobernar significa dar la cara, especialmente cuando este desvergonzado parece vivir la vida loca en la total opacidad, mientras las personas que realmente trabajan y requieren su dinero se quedan sin cobrar.
La indignación del personal operativo es absoluta: los instructores que se mantienen frente a grupo denuncian que no han recibido el pago de la quincena correspondiente y que arrastran adeudos del aguinaldo 2025. Sin embargo, la falta de dinero no es generalizada en el instituto. Los documentos oficiales de nómina revelan que el reporte denominado “IDEFT_INSTRUCTORES”, correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2026, registró un total general de 3,443,425.40 pesos en percepciones.
El foco del conflicto y del presunto desvío de fines se concentra extraordinariamente en el departamento de Acción Móvil Guadalajara, que absorbió 1,413,603.95 pesos en una sola quincena, lo que representa cerca del 41 por ciento de todo el gasto reportado para instructores. Los trabajadores consultados sostienen que una parte considerable de las personas incluidas bajo el esquema Hora-Semana-Mes en realidad desempeña tareas administrativas y no se encuentra frente a grupo. Peor aún, al cotejar la información, resalta que dentro del portal oficial del organismo muchos de estos personajes incluidos en la nómina de instructores aparecen dentro del directorio con plazas directivas.
Ningún cargo otorga privilegios por encima de la obligación constitucional de transparentar el uso de los recursos. Las versiones que señalan estas graves irregularidades administrativas y la existencia de personal que presuntamente cobra sin desempeñar funciones efectivas exigen auditorías profundas y respuestas inmediatas. Resulta indispensable que la dirección del instituto aclare los límites de esta evidencia y responda por los señalamientos que los inconformes también atribuyen al director administrativo Alberto Manuel Enciso Rodríguez y al director de acción móvil José María Ceballos Cruz, quien además cuenta con una denuncia ante la Contraloría estatal por presunto acoso laboral bajo el folio 27201.
La confianza ciudadana se fortalece cuando las instituciones responden con hechos y no con silencios. En La Verdad Jalisco seguiremos documentando este caso con rigor periodístico, privilegiando la evidencia sobre la especulación y el interés público sobre cualquier interés personal. Si existen irregularidades, deberán acreditarse; si no existen, también deberá demostrarse. Lo que la sociedad no puede aceptar es que las preguntas permanezcan sin respuesta y que las autoridades sigan en la opacidad mientras la estructura cargada a la nómina de instructores consume millones de pesos al tiempo que congela el sueldo de sus verdaderos trabajadores. Porque, al final, la verdadera búsqueda no consiste en localizar a un funcionario, sino en encontrar la transparencia que los ciudadanos merecen. Y mientras tanto, Chavita sigue viviendo la vida loca. Y los demás pues que se jodan.
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