Redacción.- Protesta por presunto acoso sexual en la Escuela Vocacional de la UdeG coloca a la dirección bajo cuestionamiento
Guadalajara, Jalisco.— Lo que comenzó como una manifestación estudiantil para exigir respuestas ante presuntos casos de acoso sexual dentro de la Escuela Preparatoria Vocacional de la Universidad de Guadalajara terminó colocando nuevamente bajo la lupa la actuación de las autoridades del plantel.
Este jueves 1 de octubre, estudiantes de la Vocacional bloquearon ambos sentidos del bulevar Marcelino García Barragán para denunciar presuntos casos de acoso sexual atribuidos a profesores. De acuerdo con reportes periodísticos, las y los estudiantes afirmaron que ya habían presentado quejas ante la institución y acusaron a la dirección de no haber atendido adecuadamente sus señalamientos.
Las consignas exhibidas durante la movilización reflejaron el nivel de indignación de la comunidad estudiantil. Entre ellas se observaron expresiones como “Las niñas no se tocan” y acusaciones dirigidas contra el director del plantel, Nicolás Alonso Estrella. Hasta el momento, los señalamientos requieren ser esclarecidos mediante investigaciones formales y con derecho de audiencia para las personas involucradas.
Alonso Estrella es oficialmente el director de la Escuela Vocacional y aparece como tal en el directorio del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. El plantel atiende a miles de estudiantes y forma parte de uno de los sistemas de bachillerato más importantes de la institución.
Pero la controversia no termina en las denuncias de presunto acoso.
Diversos señalamientos difundidos en torno a la protesta apuntan también a un episodio de confrontación y violencia dentro o en las inmediaciones del plantel. Se acusa la presunta participación de grupos de choque para desarticular la movilización estudiantil, así como de un supuesto confinamiento de alumnos durante el desarrollo de los hechos.
Estos últimos señalamientos deberán ser corroborados mediante testimonios, videos, partes oficiales, registros de seguridad y, en su caso, investigaciones de las autoridades universitarias y ministeriales. No existe, al momento de esta publicación, evidencia pública suficiente para afirmar como hecho probado que la dirección de la Vocacional haya ordenado el ingreso de grupos de choque o que haya deliberadamente encerrado a estudiantes para exponerlos a una situación de riesgo.
Lo que sí resulta indiscutible es que la protesta coloca sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿qué protocolos aplica la Universidad de Guadalajara cuando estudiantes denuncian violencia sexual y qué responsabilidad tienen las autoridades de cada plantel frente a esas denuncias?
La discusión cobra especial relevancia porque las protestas por presunto acoso y violencia de género no son un hecho aislado dentro del Sistema de Educación Media Superior de la UdeG. En septiembre se registraron movilizaciones en distintos planteles, entre ellos las preparatorias 16, 17 y otras escuelas del sistema, donde estudiantes exigieron atención a denuncias contra docentes.
En el caso de la Preparatoria Tonalá Norte, ocurrido apenas un día antes de la movilización de la Vocacional, autoridades universitarias informaron que tres profesores señalados por estudiantes fueron separados temporalmente de sus cargos mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.
La comparación plantea una cuestión legítima para la comunidad de la Vocacional: ¿qué medidas concretas se han adoptado frente a las denuncias presentadas por sus estudiantes?
La Universidad de Guadalajara cuenta con una Defensoría de los Derechos Universitarios y con mecanismos institucionales para atender situaciones que afectan a integrantes de su comunidad. La propia UdeG ha reconocido públicamente la necesidad de fortalecer los procedimientos de seguimiento de denuncias y responsabilidades dentro de sus escuelas.
Por ello, cualquier acusación de encubrimiento, omisión de auxilio, abuso de autoridad o conflicto de interés debe ser investigada con documentos y pruebas, no solamente con declaraciones de una u otra parte.
Si se acredita que alguna autoridad permitió, encubrió o dejó de actuar ante conductas de violencia sexual, deberán determinarse las responsabilidades administrativas o legales correspondientes. De igual manera, si se acredita que durante la protesta existieron agresiones, detenciones arbitrarias, daños o participación organizada de terceros para violentar a estudiantes, esos hechos también deben investigarse y deslindarse responsabilidades.
La autonomía universitaria no elimina la obligación de proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores. Tampoco sustituye el debido proceso.
La Escuela Vocacional debería ser un espacio seguro para estudiar, denunciar y exigir justicia.
Hoy, las alumnas y los alumnos están haciendo una pregunta que la institución no puede ignorar:
¿Quién protege a los estudiantes cuando quienes tienen la obligación de protegerlos son precisamente quienes están siendo señalados?
En La Verdad Jalisco consideramos que la respuesta no debe ser el silencio, la confrontación ni la intimidación.
Debe ser la investigación, la transparencia y la rendición de cuentas.
Porque en una institución educativa, ante una emergencia, no puede prevalecer el principio de “sálvese quien pueda”. Mucho menos “director y administrativos primero”.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
