Por Alberto Jiménez Martínez.
Hay formas de entender el poder que revelan, más que una estrategia política, una concepción íntima de lo público. Lo ocurrido con Juan José Frangie no es un exabrupto aislado ni una reacción circunstancial. Es la expresión de una premisa profundamente equivocada y, por ello mismo, peligrosa.
Parte de la idea de que la Universidad de Guadalajara no es una institución autónoma, con vida propia, normas, tensiones y pluralidad interna, sino una prolongación de sus vínculos personales. Como si la cercanía que en algún momento tuvo con Raúl Padilla López le otorgara una suerte de derecho simbólico sobre la Universidad. Como si las instituciones pudieran heredarse en clave afectiva.
Ese desplazamiento es grave porque altera la naturaleza misma de lo público. Cuando se sustituye la institucionalidad por la memoria personal, el debate deja de ser un ejercicio legítimo y se convierte en una afrenta. Desde esa lógica, la crítica no es crítica, es traición. El cuestionamiento no es parte del oficio periodístico ni del ejercicio democrático, es un acto de deslealtad.
Lo que se pone en evidencia es una confusión de fondo entre dos tipos de lealtad que no son intercambiables. La lealtad institucional implica respeto a las reglas, reconocimiento de la autonomía y disposición al escrutinio. La lealtad de camarilla, en cambio, exige adhesión personal, silencio conveniente y complicidad tácita. Frangie parece operar en el segundo registro, esperando que la Universidad y quienes la integran respondan a códigos de fidelidad privada, no a principios públicos.
El problema no es solo conceptual, es político. Porque cuando un actor con poder interpreta la crítica como una ruptura de lealtades personales, reacciona no desde la razón pública, sino desde la emoción herida. Y en ese tránsito, lo que debería ser un intercambio de argumentos se convierte en un ejercicio de descalificación. El disenso deja de ser legítimo y pasa a ser castigado simbólicamente.
Esa forma de entender la relación con la Universidad es reductiva y, en el fondo, profundamente autoritaria. Supone que la autonomía es negociable y que la pluralidad debe alinearse. Niega lo esencial de cualquier institución universitaria, que es su capacidad de debatirse a sí misma, de cuestionar incluso a quienes alguna vez estuvieron cerca de ella, de ejercer su libertad sin pedir permiso.
En esa visión distorsionada, la Universidad deja de ser un espacio público para convertirse en un círculo de fidelidades. Y en ese círculo, opinar distinto equivale a traicionar. No hay mayor empobrecimiento de la vida pública que ese. Porque reduce la complejidad institucional a una lógica binaria de leales y desleales, de amigos y adversarios.
Conviene recordarlo con claridad. Las instituciones no se deben a las personas, ni siquiera a quienes han sido centrales en su historia. Se deben a sus principios, a su comunidad y a la sociedad a la que sirven. Pretender lo contrario no solo es un error de interpretación, es una forma de desnaturalizar lo público.
Y ahí radica el punto más delicado. Cuando el poder político exige lealtades personales a una institución que por definición debe ser autónoma, no está defendiendo una relación, está intentando subordinar un espacio crítico. Esa es la frontera que no se puede cruzar sin deteriorar la vida democrática.
Porque la Universidad no es un patrimonio emocional. Es, o debería ser siempre, un espacio de libertad. Y esa libertad comienza, precisamente, donde terminan las lealtades personales.
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