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Rodolfo Valdivia y la trata de políticas

Por Jorge Eduardo García Pulido | La Verdad Jalisco

La política también tiene operadores que saben convertir un conflicto interno en una herramienta de desgaste. En el caso que involucra a Lourdes Barrera y Alberto Martínez, “El Vikingo”, una versión atribuida a Rodolfo Valdivia coloca sobre la mesa una acusación políticamente delicada: que Barrera habría sido utilizada y dirigida para salir públicamente contra Martínez y que, según esa misma versión, Valdivia habría actuado por instrucciones de Alberto Uribe.

La afirmación requiere una precisión fundamental: hasta ahora no se presenta públicamente evidencia documental que permita confirmar que Alberto Uribe haya ordenado la operación. Por ello, debe entenderse como una versión atribuida a Valdivia y no como un hecho acreditado.

Lo que sí resulta políticamente relevante es la configuración de los actores. Lourdes Barrera y Alberto Martínez forman parte del mismo escenario político de Morena en Tlajomulco, mientras Rodolfo Valdivia aparece vinculado a la estrategia jurídica y pública de Barrera. En ese contexto, la denuncia y la posterior exposición mediática contra Martínez adquieren una dimensión que rebasa el conflicto personal y obliga a preguntar quién construyó la estrategia, quién decidió llevarla a los medios y qué intereses políticos resultaban beneficiados.

El concepto de “trata de políticas”, utilizado aquí como una expresión editorial y no jurídica, apunta precisamente a esa posible utilización de una figura política para ejecutar una confrontación diseñada por terceros. La pregunta periodística no es solamente qué dijo Lourdes Barrera, sino quién la asesoró, quién estructuró el mensaje y bajo qué estrategia política se decidió confrontar públicamente a Alberto Martínez.

La versión atribuida a Valdivia agrega un elemento todavía más sensible: la supuesta intervención de Alberto Uribe. Si esa instrucción existió, tendría implicaciones dentro de la disputa por el control político y las candidaturas de Morena en Tlajomulco. Si no existió, corresponde igualmente a quienes la atribuyen aportar las pruebas que permitan sostenerla.

En política, una denuncia pública puede ser legítima y debe investigarse cuando existen señalamientos concretos. Pero también es legítimo investigar el contexto político en el que aparece, los operadores que participan y los intereses que pueden encontrarse detrás de una confrontación.

La pregunta queda abierta: ¿Lourdes Barrera tomó por cuenta propia la decisión de confrontar a Alberto Martínez, o fue conducida políticamente por Rodolfo Valdivia dentro de una estrategia mayor?

Y una segunda pregunta resulta inevitable: ¿dónde termina Valdivia y dónde comienza Alberto Uribe?


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