La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco tiene frente a sí un caso que, por lo menos, amerita revisar documentos, cruzar información y despejar dudas: el Ayuntamiento de Zapopan contrató directamente por más de 15.5 millones de pesos oficinas dentro de Aladra Residencial, desarrollo relacionado con el departamento y el financiamiento que Ana Isaura Amador Nieto reportó en sus declaraciones patrimoniales.
No se trata de dictar una sentencia desde los medios ni de afirmar anticipadamente la existencia de un delito. Se trata de algo mucho más elemental: investigar.
El contrato municipal existe. Es el CO-0177/2025 y fue firmado el 27 de marzo de 2025 entre el Municipio de Zapopan y LODI Residencial, S.A.P.I. de C.V., representada por Alejandro Michel Leaño. La documentación oficial identifica la operación como un contrato de arrendamiento.
Y existe también la declaración patrimonial de Amador Nieto. En el documento correspondiente a 2023 aparece un crédito hipotecario por 2 millones 690 mil 876 pesos, exactamente el monto reportado para el inmueble, y como otorgante figura “Aladra Residencial”. El saldo declarado entonces era de 2 millones 384 mil 796 pesos.
Ahí comienza una cadena de coincidencias e interrogantes que una autoridad anticorrupción debería esclarecer.
Información publicada posteriormente a partir de las declaraciones patrimoniales señala diferencias en las fechas de adquisición y financiamiento: mientras el documento de 2023 ubica ambos movimientos el 6 de enero de ese año, registros posteriores consignan el 13 de abril de 2022 para la adquisición del inmueble y el 13 de agosto de 2022 para el adeudo. Además, el pasivo habría pasado de aparecer como “crédito hipotecario” a “otro (especificar)”.
Más aún cuando después aparece el Ayuntamiento pagando millones de pesos por oficinas dentro del mismo desarrollo inmobiliario.
La contratación municipal fue por 15 millones 519 mil 708.40 pesos más IVA, mediante adjudicación directa, para disponer de 1,857.74 metros cuadrados y 50 cajones de estacionamiento en Laureles 175. La operación fue aprobada por el Comité de Adquisiciones y formalizada posteriormente mediante el contrato multianual, según lo dio a conocer La Jornada.
Ante esos elementos, la Fiscalía Anticorrupción no tendría que prejuzgar; tendría que hacer precisamente aquello para lo que fue creada: abrir líneas de investigación cuando existen hechos públicos que requieren esclarecimiento.
El primer paso debería ser obtener y revisar integralmente el expediente de la adjudicación: actas del Comité de Adquisiciones, estudios de mercado, cotizaciones, dictámenes, oficios de las áreas solicitantes y la fundamentación jurídica utilizada para evitar un procedimiento competitivo.
La pregunta es sencilla: ¿por qué ese inmueble y por qué mediante contratación directa?
Después tendría que establecerse documentalmente cuáles fueron las condiciones del departamento reportado por Amador Nieto: escritura, precio, forma de adquisición y características del financiamiento. Un crédito equivalente al cien por ciento del valor declarado del inmueble, concedido por una persona moral identificada como “Aladra Residencial”, merece al menos ser contrastado con la documentación contractual correspondiente.
También resultaría pertinente revisar las relaciones societarias y comerciales entre las empresas involucradas y confrontarlas con las declaraciones patrimoniales y de intereses de la funcionaria.
Hay, además, otra cuestión que no debería perderse entre millones y contratos: ¿quién propuso llevar oficinas municipales a ese inmueble, quién autorizó la operación y qué funcionarios participaron en cada etapa?
Hasta ahora, la documentación pública revisada no acredita que Ana Isaura Amador haya intervenido personalmente en la selección del edificio o en la contratación de LODI Residencial. Precisamente por eso una investigación formal sería relevante: para establecer responsabilidades si las hubiera, o descartarlas con documentos y no mediante especulaciones.
También tendría que conocerse cuánto dinero público adicional se destinó a adecuar un espacio entregado en obra gris y qué ocurrirá con esas mejoras al concluir el arrendamiento. Si hubo inversión municipal en instalaciones, mobiliario u otras adecuaciones permanentes, el costo real para el erario debe transparentarse.
Y cualquier señalamiento adicional sobre supuesto uso de personal municipal con fines político-electorales debe investigarse por separado y con evidencia: testimonios, mensajes, registros de asistencia, instrucciones laborales y cualquier otro elemento verificable. Una acusación de esa naturaleza no puede sostenerse únicamente en versiones internas.
La administración encabezada por Juan José Frangie es responsable institucional de explicar las razones y condiciones de la contratación. Amador Nieto, por su parte, tiene derecho a explicar las diferencias encontradas en sus declaraciones y las condiciones del financiamiento de su propiedad.
Pero también la Fiscalía Anticorrupción tiene una responsabilidad.
No se le pide fabricar culpables. Se le exige determinar si existen hechos que ameriten una investigación y, en su caso, llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Porque cuando coinciden un financiamiento privado declarado por una funcionaria, un inmueble dentro del mismo desarrollo y posteriormente un contrato público multimillonario mediante adjudicación directa, mirar hacia otro lado sería la peor respuesta institucional.
Los documentos ya están sobre la mesa.
Ahora falta saber si la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco los va a revisar o simplemente dejará que el expediente se construya únicamente en los medios de comunicación.
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