Por Alberto Jiménez Martínez.
Hay personajes que, frente a los problemas, buscan soluciones. Otros prefieren buscar culpables. Y en la larga controversia que protagoniza Ricardo León Caraveo dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la lista de personas a quienes responsabiliza parece crecer con cada nuevo capítulo.
Primero fueron sus diferencias con las dos magistradas con quienes compartió funciones en Jalisco. Después cambió la integración de la Sala y llegaron nuevos magistrados. Sin embargo, los conflictos continuaron. Más tarde vino su traslado a Tabasco, donde nuevamente surgieron controversias.
La pregunta es inevitable: ¿cómo explicar tantos enfrentamientos con personas distintas, en momentos diferentes y bajo diversas administraciones?
Porque sus señalamientos no se han limitado a quienes fueron sus compañeros de Sala. También han alcanzado a la presidenta de la Comisión de Género, al actual presidente del Tribunal, a su antecesor y a integrantes de la Junta de Gobierno y Administración de distintas épocas.
En su versión, las irregularidades parecen estar siempre del otro lado.
Pero existe una parte de esta historia que no puede desaparecer entre declaraciones y acusaciones: el desempeño del propio magistrado.
La Junta de Gobierno y Administración del Tribunal emitió el acuerdo G/JGA/24/2025, en el que documentó problemas de funcionamiento jurisdiccional relacionados con su ponencia en Jalisco. Entre los antecedentes consignados se encuentran el incremento del inventario de expedientes, las ausencias reportadas y las dificultades para el trabajo colegiado.
No se trata de simples rumores ni de comentarios de pasillo. Son datos incorporados a una determinación institucional fundada y motivada, cuya legalidad, desde luego, puede ser cuestionada por las vías correspondientes.
Y ahí está precisamente la diferencia entre una denuncia pública y una actuación institucional: esta última debe sustentarse en hechos, documentos, competencias y fundamentos jurídicos.
Caraveo ha insistido también en denunciar la supuesta falsificación de más de 120 sentencias. Es una acusación de enorme gravedad, pero conviene recordar algo elemental: en un tribunal colegiado, las resoluciones pueden adoptarse por mayoría. El desacuerdo de uno de sus integrantes no convierte automáticamente una sentencia en un documento falso.
La controversia sobre las firmas, las sesiones y las votaciones debe resolverse revisando las constancias de cada expediente, no mediante afirmaciones que confundan una discrepancia jurisdiccional con la comisión de un delito.
En Jalisco, además, hay una perspectiva que merece recuperarse: la de los litigantes. Los pronunciamientos de organizaciones jurídicas, entre ellas el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, deben examinarse para conocer las preocupaciones expresadas sobre el funcionamiento de la justicia administrativa y las posibles consecuencias de los retrasos.
Porque detrás de cada expediente hay una persona, una empresa o un contribuyente que espera una resolución. Para ellos, las disputas personales entre magistrados no deberían convertirse en obstáculos para acceder a la justicia.
Hoy las actuaciones institucionales y los procedimientos relacionados con Caraveo plantean cuestiones que pueden tener consecuencias relevantes para su carrera judicial. Cualquier determinación sobre su responsabilidad o permanencia deberá adoptarse con pleno respeto al debido proceso, sin prejuzgar el resultado.
Pero ese mismo derecho a defenderse no lo exime del escrutinio sobre su trabajo.
Y quizá ahí radica la gran contradicción de esta historia: quien exige que se investigue a todos sus compañeros y superiores también debe estar dispuesto a que se examinen sus propias actuaciones.
Denunciar irregularidades es legítimo. Defenderse de una acusación también. Lo que no resulta razonable es pretender que las acusaciones contra otros sustituyan las explicaciones sobre los problemas documentados en la propia ponencia.
Al final, Jalisco no necesita otra historia de enfrentamientos personales. Necesita conocer qué ocurrió con sus expedientes, por qué se registraron los retrasos, cómo se desarrollaron las sesiones y qué responsabilidades, si las hubo, corresponden a cada participante.
Porque cuando la culpa siempre se atribuye a los demás, hay una pregunta que termina imponiéndose: ¿cuándo llegará el momento de rendir cuentas por las propias decisiones?
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