Por Jorge Eduardo García Pulido.
En la gramática del poder en Jalisco, la realidad nunca se atiende: se suplanta por una escenografía. Cuando las crisis estructurales desbordan la capacidad técnica y moral de las administraciones, el aparato institucional no recurre a la concertación democrática ni a la empatía social. En su lugar, despliega una fórmula perfeccionada a lo largo de más de dos décadas: fabricar el espectáculo de la violencia, sembrar el desconcierto en la opinión pública y sustituir el reclamo legítimo por el linchamiento mediático del adversario.
Los recientes incendios en las puertas históricas del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado, en el marco de la indignación ciudadana por el colapso del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la distribución de agua fétida en la metrópoli, no representan un desbordamiento fortuito. Son, en estricto sentido, el síntoma de dos ejes rectores que han colonizado la gobernanza local: la absoluta falta de política y la ausencia total de voluntad pública para resolver las demandas de la sociedad.
2004: La matriz del enemigo interno y el cerco analógico. Para entender el libreto actual es imperativo regresar al 28 de mayo de 2004, durante la III Cumbre ALCUE encabezada por el entonces gobernador panista Francisco Ramírez Acuña. En aquella coyuntura, la ausencia absoluta de redes sociales y de telefonía inteligente permitió consolidar un monopolio informativo absoluto. Cadenas televisivas como Televisa y TV Azteca, alineadas con la narrativa gubernamental, construyeron en tiempo récord la figura deshumanizante del «globalifóbico»: un sujeto estigmatizado no como ciudadano con derecho a disentir frente al neoliberalismo, sino como un invasor bárbaro, irracional y peligroso para la estabilidad del estado.
Aquella jornada sentó las bases de la impunidad doctrinaria. El entonces secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, asumió públicamente la directriz de la fuerza bajo el pretexto de salvaguardar el orden institucional a cualquier costo, desestimando de manera tajante los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales que acreditaron detenciones arbitrarias, golpizas y tortura en los separos policiales. La respuesta de Pérez Plazola ante el escándalo de abusos fue lapidaria: sentenció que nadie había aportado pruebas que obligaran a abrir indagatorias administrativas o penales contra los policías o mandos involucrados. Lejos de enfrentar costos políticos, esa mano dura le valió un escaño en el Senado de la República.
Esta inclinación coercitiva no era una anomalía burocrática; respondía a una densa matriz ideológica. Pérez Plazola se forjó en las filas de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y mantuvo estrechos lazos con la mística castrense del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, organizaciones donde el principio de autoridad, la jerarquía marcial y el rechazo a la disidencia callejera operaban como dogmas formativos. A su lado, operadores como Herbert Taylor Arthur —identificado en investigaciones periodísticas como cuadro prominente de la organización secreta de ultraderecha El Yunque e integrante del hegemónico «Grupo Comité»— tejieron una visión del poder en la que cualquier movilización laica, progresista o popular era catalogada como una herejía subversiva que debía ser neutralizada para preservar el orden tradicional.
Desde entonces, el hilo conductor de la respuesta estatal en Jalisco ha mantenido una ininterrumpida impronta autoritaria: desde el desalojo y encarcelamiento de estudiantes opositores al desarrollo inmobiliario en Huentitán, hasta los operativos del «Halconazo Tapatío» de junio de 2020 con desapariciones forzadas en la Fiscalía de Calle 14, la sustracción clandestina de antimonumentos y las aprehensiones exprés de vecinos que marchan por agua potable.
El fenómeno que hoy padece la entidad se explica a la perfección a través de las herramientas analíticas de la ciencia política y la filosofía contemporánea. En primer lugar, opera la degradación cognoscitiva alertada por Giovanni Sartori en Homo Videns. Sartori demostró que la videopolítica sustituye la capacidad humana de abstracción y análisis crítico por la tiranía del impacto sensorial inmediato. El suministro de agua insalubre, la opacidad presupuestal del SIAPA y la complicidad de las dependencias con el negocio del suelo son problemas complejos, abstractos e invisibles a simple vista. En contraste, la imagen de una llamarada devorando una puerta virreinal o el estallido de un petardo frente a las vallas policiales poseen una contundencia visual instantánea. La imagen emotiva secuestra la esfera pública: ante el fuego, el espectador no reflexiona sobre el derecho humano al agua; reacciona con miedo e indignación visceral ante la destrucción material.
Es aquí donde entra en acción el hiperrealismo teorizado por Jean Baudrillard: la primacía del simulacro donde la representación desplaza por completo a los hechos reales. Bajo la lógica de «hacer creer para destruir y culpar», el aparato gubernamental manufactura una realidad paralela:
Esta dinámica encarna con nitidez los rasgos del Ur-Fascismo definidos por Umberto Eco: la apelación obsesiva al complot foráneo, el chauvinismo institucional que califica a cualquier inconformidad como una afrenta personal «contra Jalisco» y el desprecio sistemático por el debate argumentado.
¿Por qué recurrir sistemáticamente al cerco y a la confrontación? Porque existe una absoluta incapacidad de hacer política. Hacer política en el sentido clásico demanda inteligencia técnica, disposición a la mediación, rendición de cuentas ante el error y solvencia argumentativa para procesar el conflicto con empatía social. Cuando una administración está subordinada a intereses corporativos y carece de perfiles capaces de resolver los dilemas urbanos más elementales, la política se vuelve imposible. La respuesta del poder inepto consiste en abdicar del diálogo y sustituir la gobernanza por la administración de la crisis.
Aquí encuentra su utilidad política la Teoría del Caos. En la física y las matemáticas de los sistemas dinámicos no lineales, esta teoría postula que una alteración inicial mínima y localizada —lo que comúnmente se sintetiza en el llamado «efecto mariposa»— puede propagar una onda de perturbación impredecible capaz de alterar drásticamente el equilibrio de todo el sistema.
Llevado al terreno del control social, el poder aplica este principio a la inversa como una táctica de saturación: introducir una perturbación deliberada y controlada en el punto de partida (un estallido, un infiltrado, una puerta en llamas) para precipitar al sistema social completo en una espiral de desorden, ruido mediático y polarización extrema. En un entorno dominado por la entropía informativa, el ciudadano pierde la capacidad de distinguir entre causa y efecto; queda atrapado en la confusión, el pánico y el cansancio psicológico.
Para la cúpula gobernante, es infinitamente más fácil provocar caos y confusión que gobernar con dignidad. Provocar el caos desvía la mirada colectiva, paraliza la movilización por miedo a represalias penales y sume a los barrios en la desesperanza cívica. Atender de fondo la catástrofe del agua exigiría desmontar negocios privados, fiscalizar el SIAPA, auditar presupuestos y admitir responsabilidades.
La estrategia del Estado represor es tan perversa como transparente: no se busca mitigar el daño que enferma y ahoga a la población; se prefiere apostar a la desmemoria, a la confrontación y a la desinformación con tal de retener el poder a costa de lo que sea. En Jalisco, gobernar ha dejado de ser el arte de resolver la vida común: se ha convertido en el arte de simular la barbarie para justificar el látigo.
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