Emilio Ulloa
El agua es un derecho humano, no una concesión del poder público ni un privilegio reservado para quienes pueden pagarla. Por eso, cuando miles de ciudadanos salen a las calles para exigir agua limpia, las instituciones tienen la obligación de escucharlos, atender sus demandas y ofrecer soluciones. Lo que nunca puede aceptarse es que una exigencia legítima termine enfrentándose a la violencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional de proteger a la población.
Los acontecimientos del pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, deben conducirnos a una reflexión profunda sobre los límites del poder público y el respeto a las libertades democráticas. Miles de personas, entre ellas jóvenes universitarios, estudiantes y familias, se manifestaron para denunciar las condiciones del suministro de agua en sus hogares. Su reclamo era elemental: recibir agua limpia, suficiente y segura, como establece el artículo cuarto de nuestra Constitución.
Sin embargo, aquella movilización terminó en enfrentamientos, detenciones y denuncias de agresiones policiales. Las imágenes y testimonios de jóvenes golpeados, así como los señalamientos de posibles detenciones arbitrarias, provocaron una legítima preocupación pública. El propio gobernador Pablo Lemus reconoció excesos en el uso de la fuerza y detenciones injustas, mientras que diversos agentes fueron sujetos a investigación por su actuación durante el operativo.
Es indispensable reconocer que también hubo policías lesionados y actos de violencia que deben investigarse. Pero ninguna agresión individual puede justificar el empleo indiscriminado de la fuerza contra una manifestación ciudadana. La responsabilidad de las instituciones consiste precisamente en distinguir entre quienes ejercen pacíficamente sus derechos y quienes eventualmente cometen conductas ilícitas.
En este contexto, adquiere especial relevancia la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien exigió esclarecer los acontecimientos, investigar las denuncias de tortura y determinar quién ordenó las acciones policiales. Su posicionamiento colocó en el centro del debate una cuestión fundamental para nuestra democracia: ninguna autoridad, sin importar su origen partidista, puede situarse por encima de la Constitución.
La actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que atrajo el caso para investigar posibles violaciones a las garantías fundamentales, constituye una oportunidad para establecer responsabilidades, proteger a las víctimas y evitar que estos acontecimientos queden en la impunidad.
La presidenta también informó que la Comisión Nacional del Agua analiza alternativas para contribuir a resolver la crisis hídrica de Guadalajara. Esta dimensión resulta igualmente importante, porque la solución no puede limitarse a investigar los abusos policiales. Es necesario atender las causas que originaron la inconformidad social.
El problema del agua exige infraestructura, inversión pública, mantenimiento de las redes de distribución, vigilancia ambiental y una política de gestión que coloque las necesidades de las personas por encima de cualquier interés burocrático o económico. No basta con garantizar el suministro: también debe garantizarse su calidad.
La experiencia histórica de México demuestra que la democracia no se fortalece mediante el silenciamiento de la inconformidad. Por el contrario, los grandes avances en materia de derechos sociales, libertades públicas y participación ciudadana han sido resultado de la organización y la movilización popular.
Quienes provenimos de las luchas democráticas sabemos que la protesta social no constituye una amenaza para las instituciones. Es una expresión de la soberanía popular y, en muchas ocasiones, el último recurso de quienes no encuentran respuestas en los canales ordinarios del gobierno.
Por ello, resulta particularmente preocupante cualquier intento de criminalizar a los jóvenes que participan en movimientos sociales. Una democracia que escucha a sus nuevas generaciones fortalece su legitimidad; una que responde a sus demandas mediante la intimidación debilita la confianza ciudadana.
La transformación democrática de México debe medirse también por la manera en que el Estado trata a quienes disienten. No puede haber una auténtica cultura de derechos humanos si se tolera que la fuerza pública sustituya al diálogo político.
Los acontecimientos de Jalisco deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, respetando el debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades individuales. Los jóvenes tienen derecho a manifestarse, los ciudadanos tienen derecho al agua y las autoridades tienen la obligación de garantizar ambos derechos.
La fuerza de un gobierno democrático no se demuestra reprimiendo a quienes protestan, sino resolviendo las causas de su inconformidad. Porque el agua es un derecho, la protesta es una libertad y la dignidad humana debe ser siempre el límite infranqueable del poder.
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