Ilusión y agotamiento social

Por Carlos Anguiano

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Las encuestas pueden medir popularidad, pero no siempre alcanzan a medir el ánimo de una sociedad. Mucho menos cuando esa sociedad ha aprendido a convivir con la violencia, la impunidad y la desconfianza. Ahí radica uno de los mayores riesgos para el partido en el gobierno: confundir aprobación con intención de voto y creer que una buena fotografía demoscópica garantiza el resultado de la siguiente elección. La historia electoral mexicana demuestra lo contrario. La popularidad es un indicador coyuntural; el voto es una decisión que suele tomarse frente a la urna, influida por factores acumulados durante años. Entre ambos existe una distancia que, en ocasiones, resulta decisiva.

Hoy las encuestas muestran una aparente paradoja. La aprobación presidencial permanece elevada y, al mismo tiempo, los indicadores oficiales sostienen que la percepción de inseguridad disminuye gradualmente. Sin embargo, existe un dato mucho más revelador que obliga a cuestionar esa narrativa: alrededor del 93 al 97 por ciento de los delitos que se cometen en México no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación. Es la llamada cifra negra.

Si millones de mexicanos deciden no acudir al Ministerio Público, no es porque crean que todo marcha bien. Lo hacen porque dejaron de confiar en que denunciar sirva para algo. El costo de denunciar supera al beneficio esperado. Hay miedo, pérdida de tiempo, burocracia, revictimización y una convicción profundamente arraigada de que no ocurrirá absolutamente nada. Ese dato dice mucho más sobre el estado del país que cualquier conferencia matutina o boletín estadístico.

Cuando la mayoría de los delitos nunca llegan a los registros oficiales, las cifras pueden mejorar sin que la realidad cambie en la misma proporción. Los homicidios podrán disminuir algunos puntos porcentuales; determinados delitos podrán reclasificarse; otros simplemente dejarán de aparecer porque jamás fueron denunciados. Las estadísticas terminan reflejando únicamente aquello que el Estado logra registrar, no necesariamente todo lo que la sociedad vive. No se trata de afirmar que todos los indicadores oficiales sean falsos. Sería irresponsable sostenerlo. Pero también sería ingenuo asumir que describen completamente la realidad nacional.

Existe otro fenómeno menos visible y quizá más preocupante: el alejamiento emocional entre el ciudadano y el gobierno. No necesariamente hay confianza. Tampoco respaldo irrestricto. Lo que comienza a observarse es una mezcla de resignación, indiferencia y supervivencia cotidiana. Millones de personas simplemente dejaron de esperar soluciones. Optaron por seguir con su vida, protegerse como puedan y evitar involucrarse con instituciones que consideran ineficaces. Es una ciudadanía que ya no reclama porque dejó de creer que alguien la escuchará. Ese silencio puede interpretarse equivocadamente como aceptación. No lo es. Es agotamiento.

Durante años, la conversación pública giró alrededor de los programas sociales, la confrontación política y la aprobación presidencial. Sin embargo, debajo de esa superficie continúa creciendo una inconformidad silenciosa relacionada con la inseguridad, la corrupción, la extorsión, el cobro de piso, el control territorial del crimen organizado y la ausencia de Estado en numerosas regiones del país. Ese malestar rara vez aparece completo en una encuesta. Pero suele expresarse con fuerza en las urnas. Las elecciones intermedias de 2027 podrían convertirse precisamente en el primer gran termómetro de ese desgaste.

A ello debe añadirse un factor externo que apenas comienza a desplegar sus efectos: la presión política proveniente de Estados Unidos. El endurecimiento de la administración de Donald Trump respecto al combate al narcotráfico, las investigaciones abiertas contra actores políticos mexicanos y las constantes referencias a presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales han colocado al gobierno mexicano bajo un escrutinio internacional inédito. Más allá de que cada acusación deba acreditarse con pruebas y respetando el debido proceso, el impacto político ya existe. La sospecha erosiona credibilidad. La reiteración desgasta reputaciones. Y cuando esa narrativa logra instalarse, modificar la percepción pública resulta extraordinariamente difícil.

Morena aún conserva una posición dominante en el escenario político nacional. Negarlo sería desconocer la realidad. Pero también sería un error asumir que esa ventaja es inmune al desgaste. La política suele castigar la soberbia estadística. Los gobiernos que terminan creyendo únicamente en sus propias encuestas corren el riesgo de dejar de escuchar lo que ocurre fuera de ellas.

Comienza a revelarse otro fenómeno: el distanciamiento emocional entre la sociedad y el gobierno. Ya no es únicamente desconfianza. Es indiferencia. Es el ciudadano que deja de esperar respuestas y aprende a sobrevivir por su cuenta. El comerciante que paga extorsión porque sabe que nadie lo protegerá. La familia que evita salir de noche sin siquiera pensar en denunciar. El empresario que modifica sus rutas. El joven que normaliza escuchar balaceras. El vecino que simplemente baja la cortina y continúa con su vida. No porque crea que las cosas mejoraron, sino porque piensa que nada cambiará. Esa resignación rara vez aparece completa en una encuesta, pero suele aparecer el día de la elección.