Redacción.- La administración municipal de San Pedro Tlaquepaque enfrenta una nueva acción legal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco. Este 3 de junio de 2026, el diputado Alberto Alfaro, representante del Partido Verde en Tlaquepaque, presentó formalmente una denuncia de hechos por escrito, fundamentada en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20 inciso C, 21 y 35 fracción V del Pacto Federal, así como en diversos preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas.
La redacción.
La querella señala directamente a la Presidenta Municipal, Laura Imelda Pérez Segura; al Secretario General, José Luis Ramírez Espinoza; y al Contralor Municipal, José Guadalupe Caro Calderón, por los probables delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades. El motivo central es la adjudicación directa de un contrato por un monto de $59,919,180.09 pesos a la empresa Grupo Constructor Camsi, S.A. de C.V..
Según lo expuesto por el diputado Alfaro, la autoridad municipal omitió la licitación pública requerida por la Ley de Compras Gubernamentales del Estado y su reglamento interno, argumentando una supuesta «urgencia» carente de sustento documental. El denunciante subrayó una irregularidad financiera de gravedad: el Presupuesto de Egresos 2025 del municipio contemplaba únicamente $160,091.00 pesos para este concepto; no obstante, se formalizó un compromiso por casi 60 millones de pesos sin suficiencia presupuestal ni autorización del Cabildo, efectuándose ya transferencias bancarias al proveedor por más de $41 millones de pesos.
Ante esta situación, el Partido Verde en Jalisco ha fijado una postura tajante mediante la voz de su representante en Tlaquepaque: compiten solos, sin coaliciones locales, y se deslindan de cualquier alianza con los actores denunciados, calificando a la actual gestión como la más opaca de los últimos 20 años en el municipio. El diputado ha solicitado formalmente a la Fiscalía Anticorrupción que gire oficio a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) del Estado para rastrear la ruta del dinero y determinar la existencia de posibles retornos de capital o beneficios indebidos hacia los funcionarios señalados.
Este caso se suma a los señalamientos previos por contratos ilegales de 25 millones de pesos para recolección de basura, 38 millones de pesos por el evento «Mundialito» y adeudos superiores a los 200 millones de pesos ante el SIAPA, los cuales han derivado en la falta de suministro o mala calidad del agua en el municipio.
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