Redacción.- La crisis de abasto de agua en San Pedro Tlaquepaque no solo expone fallas operativas del SIAPA, también revela una contradicción política difícil de justificar: el propio gobierno municipal, que reclama soluciones, forma parte del problema financiero que debilita al organismo.
El señalamiento del diputado local Alberto Alfaro García coloca el tema en un terreno incómodo para la administración que encabeza la alcaldesa. Más de 200 millones de pesos en adeudos con el SIAPA no son un dato menor, son un síntoma claro de desorden institucional y falta de congruencia en la gestión pública.
El discurso oficial suele centrarse en exigir eficiencia, presionar por mejoras en el servicio y deslindar responsabilidades. Sin embargo, la realidad apunta en otra dirección: Tlaquepaque no solo padece la crisis hídrica, también contribuye a ella al incumplir con sus obligaciones financieras.
La paradoja es aún más profunda si se considera que el municipio tiene asiento en la Junta de Gobierno del SIAPA, el espacio donde se definen decisiones clave sobre inversión, operación y estrategia. Es decir, no se trata de un actor ajeno, sino de un participante directo en el diseño del sistema que hoy cuestiona.
En ese contexto, las promesas de inversión y mejora del servicio pierden peso frente a una realidad que los ciudadanos viven todos los días: colonias con suministro irregular, baja presión o cortes constantes. La brecha entre el discurso institucional y los resultados concretos sigue ampliándose.
El problema ya no puede explicarse únicamente como una falla técnica o una crisis heredada. Aquí hay un componente de responsabilidad política que no puede evadirse. Porque cuando un gobierno exige sin cumplir, deja de ser parte de la solución y se convierte, inevitablemente, en parte del problema.
La pregunta de fondo es simple, pero contundente: ¿con qué autoridad se reclama un mejor servicio cuando no se paga por él?
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