Jorge Eduardo García Pulido
El origen de los grandes movimientos sociales en México suele estar profundamente ligado a una exigencia de justicia y, sobre todo, de un alto contenido moral. Cuando la llamada Cuarta Transformación irrumpió en el escenario nacional bajo el diseño original de Andrés Manuel López Obrador, el contrato con el electorado fue nítido y se sostuvo sobre tres pilares inquebrantables que pretendían diferenciar el nuevo régimen del pasado: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Esta base ética, que más tarde se formalizó bajo el concepto del Humanismo Mexicano, prometía que el acceso al poder público estaría condicionado a la calidad moral de sus actores. Sin embargo, cuando se transita de la oposición al ejercicio del gobierno, se suele abrir una brecha peligrosa donde el pragmatismo y los intereses particulares terminan por desvirtuar el movimiento, permitiendo que la corrupción cohabite de manera cínica con la retórica de la honestidad.
El problema central de esta degradación no radica únicamente en las directrices de las cúpulas, sino en la preocupante postura que han adoptado los fanáticos seguidores e incluso los propios fundadores de Morena. Existe una resistencia dogmática entre la militancia que asume la crítica como sinónimo de disidencia o traición, cancelando de tajo el debate interno y el escrutinio que debería caracterizar a una izquierda democrática. Al asumir una defensa ciega de ciertos perfiles, las bases fundacionales terminan convirtiéndose en cómplices por omisión de aquello que juraron combatir. No se puede comprometer el combate a la corrupción en aras de una supuesta unidad ideológica; transigir en la honestidad por proteger una parcela de poder significa, en los hechos, desvirtuar por completo el Humanismo Mexicano y vaciarlo de su esencia ética. Ninguna institución, partidaria o gubernamental, puede darse el lujo de permitir que la lealtad partidista se convierta en un escudo de impunidad, pues asentar este precedente es destructivo para la salud democrática.
Un ejemplo alarmante de esta contradicción se vive en San Pedro Tlaquepaque bajo la conducción de la presidente municipal Laura Imelda Pérez Segura. Mientras las bases militantes exigen un alineamiento ciego hacia su figura, la realidad de su administración camina por la acera de la sombra, la discrecionalidad y el beneficio particular. La gestión municipal se ha caracterizado por la adjudicación de contratos sumamente voraces y operados desde la opacidad, siendo las asignaciones para la renovación de luminarias y la adquisición de equipamiento de motocicletas los botones de muestra de una preocupante opacidad financiera. Es un hecho evidente que la presidente municipal ha decidido avanzar con compromisos económicos que la hacienda local no tiene la capacidad de sufagar de forma sana, profundizando la deuda de un Tlaquepaque que ya vive asfixiado financieramente y que carece de los flujos reales para respaldar estas obligaciones de largo plazo.
Quienes busquen constatar la gravedad de estas decisiones financieras pueden remitirse a los datos duros que ofrecen los organismos institucionales encargados de la rendición de cuentas. Las bitácoras de asignaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, los informes de cuentas públicas emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y los registros de pasivos financieros del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofrecen una radiografía innegable del estado de endeudamiento y de la falta de claridad en las licitaciones locales. Los números no mienten, aunque el discurso oficial intente matizarlos o esconderlos detrás de la propaganda de partido.
Frente a este escenario de contratos oscuros y deudas injustificables, resulta inadmisible que en el horizonte de esta administración ya se empiece a plantear la posibilidad de una reelección. ¿Bajo qué argumento moral o técnico puede aspirar a la continuidad una funcionaria que ha gobernado de espaldas a la rendición de cuentas? Permitir que el proyecto de permanencia de Laura Imelda Pérez Segura prospere, con el aval silencioso de los fundadores del movimiento, es validar que la simulación es el nuevo estándar de la política local. Aceptar este proceder en Tlaquepaque abre la puerta para que cualquier gobierno se asuma intocable detrás de una marca política. La dignidad de las instituciones gubernamentales y la congruencia exigen que la corrupción y la opacidad no se confundan con la lealtad ideológica; el poder público debe responder a los ciudadanos a través de la transparencia absoluta y cerrar filas contra el abuso financiero, pues el silencio cómplice solo profundiza la herida de un municipio que exige un cambio verdadero.
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