Jorge Eduardo García Pulido.
La cancelación del proyecto para el Rastro Municipal de Tonalá, anunciada por el presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, obliga a una reflexión necesaria sobre la disparidad de criterios en la gestión pública en Jalisco. Resulta legítimo cuestionar bajo qué lógica política se avalan esquemas de Asociación Público-Privada (APP) de largo aliento en municipios como Tlajomulco, mientras que se instrumenta una estrategia de bloqueo sistemático cuando el mismo esquema se propone para Tonalá. Es fundamental recordar que una APP no es endeudamiento, sino un contrato de colaboración donde el sector privado aporta capital y eficiencia técnica, bajo un marco legal que, por su naturaleza y compromiso financiero, requiere la revisión y validación del Congreso del Estado. Ningún municipio, por sí mismo, tiene la facultad de aprobar unilateralmente estos proyectos; la ley exige que el Legislativo asegure su viabilidad y beneficio social antes de cualquier ejecución.
Sin embargo, detrás de la cancelación de este proyecto en Tonalá subyace una contradicción evidente en el discurso de la oposición. Resulta irónico observar una ofensiva contra la administración actual proveniente de actores que, en el pasado, fueron los principales promotores de este mismo modelo de inversión. Aquellos que capitalizaron proyectos masivos bajo el esquema de APP hoy parecen rechazar con severidad que se intente llevar el mismo progreso al municipio de Tonalá. Es lamentable que una oportunidad de esta magnitud se pierda, no por falta de solvencia técnica, sino por una estrategia de confrontación que prioriza el interés partidista sobre la infraestructura productiva.
Más allá de la postura administrativa, existe un historial público que requiere ser analizado. Quienes hoy encabezan este clima de hostilidad política han estado vinculados a contratos y proyectos de alto impacto —como los procesos de electrificación y luminarias— que en su momento fueron señalados por irregularidades en su ejecución y que, finalmente, encontraron su cauce en arreglos dentro del Congreso del Estado. Esta historia evidencia una doble vara: una utilizada para validar proyectos en beneficio propio y otra para cuestionar, sin sustento técnico, el desarrollo de otros municipios.
El anuncio de Chávez Dávalos, realizado este sábado 13 de junio, marca el inicio de una ruta legal. El próximo lunes, el alcalde se presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para entregar la documentación técnica y administrativa que respalda la legalidad del proyecto. Este paso es fundamental para que las autoridades deslinden responsabilidades y den claridad a la ciudadanía sobre las razones políticas que impidieron la modernización del rastro.
En el cuento clásico *Las aventuras de Pinocho*, de Carlo Collodi, Pepe Grillo es la personificación de la conciencia moral, esa voz que orienta al protagonista hacia la rectitud. En la realidad local, Paco Grillo Arana representa una faceta distinta: lejos de aspirar a la integridad que define la humanidad, su actuar sugiere una intención de perpetuar un modelo de conducta ajeno a la conciencia colectiva. En lugar de actuar como un faro de rectitud, su función parece limitarse a la estridencia y a la construcción de obstáculos políticos, poniendo, con cada acción, un punto final a la posibilidad de un debate honesto. Es cierto, Paco Grillo Arana quiere ser un político de verdad. Sin embargo, al final, despojado del papel que la fábula otorgaba al personaje, su comportamiento confirma que su vocación no es construir, sino únicamente hacer ruido.
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