Por Jorge Eduardo García Pulido Guadalajara, Jalisco
Durante seis años, Jalisco fue rehén de una tiranía soberbia, autoritaria y de corte abiertamente fascista que utilizó el aparato del Estado para reprimir y silenciar el reclamo social mientras pudría desde adentro el recurso más sagrado para la subsistencia humana: el agua. El sexenio de Enrique Alfaro Ramírez no solo quedará tatuado en la infamia por su vocación intolerante y violatoria de las garantías ciudadanas, sino por haber ejecutado el mayor engaño hídrico en la historia contemporánea de nuestra entidad. Bajo un régimen de oscurantismo absoluto y opacidad criminal en el manejo del SIAPA, el alfarismo vendió el espejismo triunfalista de la presa El Zapotillo mientras dejaba colapsar deliberadamente las plantas potabilizadoras y las redes de conducción metropolitanas.
La crueldad de esa negligencia se midió directamente en la salud y la dignidad de los hogares tapatíos: más de 600 colonias sometidas a cortes constantes y obligadas a recibir por las llaves un líquido putrefacto, turbio, maloliente y cargado de sedimentos y lodos tóxicos extraídos de la presa Las Pintas. Mientras miles de familias padecían la escasez y la contaminación en sus propias casas, la administración pasada operó como un muro de impunidad que prolongó durante años el saqueo privado del líquido vital, permitiendo que litigios interminables encubrieran la parálisis de infraestructuras concesionadas que cobraban cientos de millones de pesos del erario sin entregar el caudal comprometido a la población.
Frente a esa herencia de podredumbre, abandono y autoritarismo, la historia de Jalisco ha dado un giro luminoso en la conferencia matutina de este miércoles 28 de octubre en Palacio Nacional. México fue testigo del encuentro entre dos gobernantes que antepusieron el bienestar humano a cualquier trinchera partidista: la magnanimidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la dignidad, apertura y sentido de justicia del gobernador Pablo Lemus Navarro.
Con una grandeza de Estado ejemplar, la presidenta Sheinbaum arropó institucionalmente a Jalisco y blindó la solución hídrica frente a cualquier intento de golpeteo político en el Salón Guillermo Prieto, frenando en seco los cuestionamientos ajenos a las obras de infraestructura con una directriz contundente ante la prensa nacional: «Porque los temas de Jalisco, allá los responden». Esa magnanimidad presidencial no solo resguardó la gobernabilidad de la entidad, sino que salvó a los jaliscienses de una deuda ruinosa de 54 mil millones de pesos al descartar esquemas de privatización y sellar un acuerdo histórico de inversión conjunta por 25 mil millones de pesos que se ejecutará sin endeudamiento público, sin entregar el servicio a particulares y sin aumentar un solo centavo las tarifas al pueblo.
Con solvencia moral y dignidad republicana, Pablo Lemus estuvo a la altura del momento histórico al proclamar desde la tribuna presidencial que «hoy es un día histórico para la Zona Metropolitana de Guadalajara, para Jalisco y para México», proponiendo además la creación de una comisión técnica de seguimiento para garantizar la absoluta transparencia y celeridad de los trabajos. Este triunfo político se convierte desde hoy en una auténtica esperanza de vida para las próximas generaciones a través de un plan maestro cuyas obras troncales iniciarán en 2027 y concluirán a finales de 2028. Mediante una aportación federal de 14 mil 500 millones de pesos conducida por la Conagua, se edificarán dos arterias vitales: el nuevo Acueducto Chapala-Guadalajara, que recorrerá 42 kilómetros desde la planta de bombeo de Santa Cruz hasta el tanque del Cerro del Cuatro con capacidad para transportar 8 mil litros por segundo, y el Acueducto Calderón-San Gaspar, con una extensión de 31 kilómetros. A este esfuerzo sin precedentes se suma una inversión estatal de 7 mil 500 millones de pesos destinada a la modernización integral y sustitución de filtros de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle, acompañada del cierre definitivo del abasto contaminado desde Las Pintas.
Sin embargo, para que esta victoria ciudadana sea íntegra, tendrán que pagar los pecadores porque los justos logran acuerdos para Jalisco. En primer lugar, pagarán ante la ley quienes lucraron con la sed de los tapatíos al amparo de la corrupción heredada: a través de una diligencia judicial firme, el gobierno de Lemus y la Fiscalía del Estado retomaron el control público de la Planta Potabilizadora Número 4 de Toluquilla y sus pozos profundos. Dicha instalación, entregada a la empresa privada OPECSA desde 2012, suministraba apenas entre el 10 y el 20 por ciento de los mil litros por segundo pactados, razón por la cual ya se investiga un presunto fraude y afectación patrimonial de 700 millones de pesos contra las finanzas públicas. En segundo lugar, pagarán quienes violentaron el reclamo social por el agua limpia: marcando una distancia abismal frente a la brutalidad impune del alfarismo, Lemus dio la cara al afirmar que «antes que gobernador, soy humano», asegurando la liberación de los 39 ciudadanos detenidos en las protestas hídricas, pero confirmando que «ninguna falta quedará sin respuesta» al mantener bajo investigación a 17 policías estatales y abrir 14 carpetas penales por uso indebido de la fuerza, al tiempo que se procesa a los infiltrados que provocaron destrozos en el corazón de la capital.
Se cierra así uno de los capítulos más oscuros, represivos y putrefactos en la gestión pública de nuestra tierra para dar paso a una etapa de reconciliación y justicia social. El pacto sellado este 28 de octubre en Palacio Nacional deja una lección imborrable para la historia política del país: mientras la soberbia y el oscurantismo del pasado secaban los hogares y dividían a la nación, la mano generosa de una Presidenta magnánima y el temple de un Gobernador justo le han devuelto a Jalisco el derecho a la vida, la paz social y la certeza de un futuro con agua limpia para todas sus generaciones.
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