Jorge Eduardo García Pulido
El mandato constitucional de gobernar un municipio entraña, en su esencia más pura, la obligación ineludible de velar por el bienestar integral de la comunidad, siendo el derecho a la salud el pilar fundamental sobre el cual se sostiene cualquier sociedad digna. La principal responsabilidad de quien encabeza una presidencia municipal no radica en la acumulación de activos ni en la maximización de la recaudación fiscal, sino en coordinar esfuerzos y facilitar las condiciones para que la población acceda a servicios médicos oportunos y eficientes. Cuando un gobierno local olvida esta premisa básica y convierte la infraestructura médica en un objeto de negociación financiera, traiciona el sentido mismo del servicio público.
Lamentablemente, en Tlaquepaque de Hidalgo, la arbitrariedad ya traspasó el bienestar social. Lo que ocurre en las entrañas del palacio municipal no es una simple cadena de errores administrativos o falta de pericia política, sino la operación coordinada de una estructura que bien podría calificarse bajo la lógica de un auténtico cartel inmobiliario e institucional, una red de rapiña cupular donde los intereses personales quieren secuestrar la salud y la tranquilidad de los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque.
El descarado amago en contra de la Unidad de Medicina Familiar No. 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social expone el modus operandi de esta facción. Exigir un incremento desproporcionado en la renta del predio, pretendiendo saltar de una cuota histórica de 30,000 pesos a la desorbitante cantidad de 500,000 pesos mensuales bajo la amenaza de desalojo, no es defender el patrimonio del municipio. Es una presión desmedida desde el poder que toma como rehenes a más de 91,000 derechohabientes, incluyendo a los propios trabajadores del ayuntamiento y a sus familias que dependen de ese espacio para la atención de urgencias médicas.
La autoría de esta maniobra perversa y maquiavélica tiene nombres y apellidos perfectamente ubicados en la cúpula del poder local. Esta red es encabezada por los principales operadores de la política municipal: la presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y el síndico José Luis Monterde Ramírez. En esta sociedad de conveniencias, el síndico opera como el cerebro jurídico y el verdadero titiritero, incitando y diseñando las estrategias de asfixia económica para exprimir los recursos públicos, mientras que la titular del ejecutivo municipal actúa alineada a sus intereses, validando con su firma el despojo y la traición a la comunidad.
Detrás de este atraco a la salud pública no hay un fin social ni una justificación presupuestal transparente. La voracidad fiscal de esta gestión solo parece buscar el beneficio político, el financiamiento de agendas de grupo y el sostenimiento de excentricidades banales para seguir encareciendo el guardarropa de Pineda Covalín de quien ostenta el cargo. Mientras la clínica resulta insuficiente y carece de lo elemental, la cúpula gubernamental se sirve con la cuchara grande a costa del sufrimiento de la gente.
Con esta alarmante falta de sensibilidad y este nivel de descomposición, es imposible pensar en que exista legitimidad para que busque reelegirse. Los principios de la cuarta transformación son ajenos totalmente a la persona de Laura Imelda Pérez Segura. Qué vergüenza que esta administración incurra en estas prácticas de abuso patrimonial y que, junto a su síndico, haya convertido al gobierno de Tlaquepaque en una corporación rapaz, opaca y completamente desapegada de la justicia social. Qué falta de sensibilidad y de amor por la humanidad; cuando se pierde la humanidad, llega el cinismo, y así se gobierna en Tlaquepaque.
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