Jorge Eduardo García Pulido.
El juego de espejos en la política jalisciense ha dejado de ser un ejercicio de estrategia para convertirse en un acto de cinismo que afecta directamente la economía y el bienestar de los tonaltecas. Cuando hablamos de esta dinámica —entendida como el bloqueo sistemático y el uso de influencias para frenar el avance del municipio—, nos referimos a una metodología que desquicia la gestión pública. Es evidente que Francisco Arana ha consolidado una mancuerna política con el Ejecutivo Estatal, utilizando esta alianza no para gestionar, sino como una herramienta para asfixiar el desarrollo de Tonalá. Es un mecanismo donde la obstrucción se utiliza para frenar el crecimiento, un ejercicio que parece caracterizar a quienes, bajo el apellido Arana, han hecho de la parálisis su única forma de trascendencia. Ante el cuestionamiento sobre por qué se perpetúa este esquema, surge la duda de si, habiendo administrado Tonalá en el pasado, existe una falta de voluntad para permitir que otros construyan bienestar social en beneficio de la sociedad tonalteca.
Si alguien debe cargar con el peso político de un legado cuestionado, es Francisco Arana. Si bien figuras como Marcos Arana Cervantes dieron un sentido diferente al nombre en su momento, Jorge Arana —su padre— dejó una gestión marcada por decisiones que hoy se debaten intensamente en el ámbito público. Francisco intenta seguir una estela similar, pero su desempeño como regidor ha sido, en la opinión de muchos ciudadanos, insuficiente: una agenda limitada y enfocada más en la confrontación con la administración municipal actual, en coordinación directa con el gobierno del estado, que en resultados tangibles. Mientras Tonalá clama por soluciones reales, él se ha dedicado a obstruir desde su posición. Si su única aportación es el bloqueo sistemático, es momento de una lección de decoro: si no ayuda, que no estorbe. La vergüenza se obtiene con un poco de empatía, no se compra en el Palacio de Hierro, y si el servicio público le queda grande, debería dar un paso al costado. Los tonaltecas no necesitan herederos de lastres políticos, sino representantes que tengan la entereza de defenderlos.
Es aquí donde la memoria es un arma: la losa financiera que el municipio ha arrastrado durante 12 años —aquel contrato de alumbrado público que se ha pagado incansablemente desde la gestión de Jorge Arana, pasando por la de Sergio Chávez, la de Juan Antonio González y de vuelta a la de Chávez— sigue siendo un freno para el municipio. Si existe tanta preocupación por el presupuesto, el cuestionamiento lógico es sobre la responsabilidad de quienes concretaron aquel instrumento contractual; porque mientras Francisco juega a ser el crítico desde una posición de privilegio, su padre es señalado como el responsable de una de las mayores sombras en la historia reciente del municipio. A pesar de los bloqueos y de esa deuda heredada, Chávez ha demostrado una capacidad administrativa que mantiene a flote al municipio, marcando un contraste con quienes solo han demostrado desconexión con las necesidades urgentes de la gente.
Es imperativo cuestionar dónde queda la garantía de igualdad para todos los jaliscienses. La dinámica que se ha impuesto, premiando a unos y castigando a otros mediante la complicidad estatal, consolida la idea de que en Jalisco existen ciudadanos de primera y de segunda. La voz de Liliana Olea Frías ha resonado con la claridad de quien defiende lo que le corresponde a la ciudadanía. Su entereza al exigir, como lo ha hecho frente a la disparidad en la entrega de apoyos estatales, no es un acto menor; es el recordatorio de que la función pública no debe ser rehén de caprichos partidistas. Liliana ha marcado la pauta: la ciudadanía merece representantes que defiendan sus derechos, no actores que se conviertan en instrumentos de una administración que busca dividir al estado. Tonalá exige respeto, dignidad y que aquellos que solo saben estorbar entiendan que su tiempo ha terminado.
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