Emilio Ulloa
La delincuencia organizada no solamente disputa territorios, mercados ilegales y rutas de distribución. También disputa el poder político. Su ambición no termina en controlar las calles: busca controlar las instituciones, someter a las autoridades y convertir los gobiernos en instrumentos de sus intereses criminales. Cuando esto sucede, el Estado deja de ser garante de los derechos de la ciudadanía y comienza a funcionar como una estructura de protección de quienes violan la ley.
Esta es una de las lecciones más importantes de la Operación Enjambre, iniciada en noviembre de 2024 en el Estado de México y convertida en un referente de la estrategia de seguridad y combate a la corrupción que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su significado político va mucho más allá de la detención de presidentes municipales, directores de seguridad pública o funcionarios involucrados con organizaciones criminales. Lo que está en juego es una cuestión fundamental para nuestra democracia: ¿a quién sirven los gobiernos municipales, al pueblo que los elige o a los poderes criminales que pretenden someterlos?
Durante décadas, México padeció una peligrosa combinación de corrupción política, impunidad y expansión de las organizaciones delictivas. En numerosos territorios, los grupos criminales comprendieron que resultaba más rentable capturar a las autoridades que enfrentarlas. No necesitaban sustituir formalmente al gobierno; les bastaba con penetrarlo, corromper a sus funcionarios y utilizar las instituciones públicas para garantizar sus negocios.
Así surgieron redes de complicidad en las que policías municipales proporcionaban información a delincuentes, funcionarios facilitaban operaciones ilegales y autoridades políticas toleraban o protegían actividades de extorsión. El resultado fue una profunda degradación de la vida pública y, sobre todo, el abandono de las comunidades frente a la violencia.
La Operación Enjambre representa una respuesta a esa realidad. Su principal virtud consiste en reconocer que la seguridad pública no puede construirse únicamente mediante el despliegue de fuerzas policiales o militares. Es indispensable investigar las relaciones de poder que permiten a la delincuencia reproducirse desde el interior de las instituciones.
El municipio ocupa un lugar central en esta disputa. Es la autoridad más cercana a la población, la primera instancia a la que acuden los ciudadanos cuando enfrentan problemas de seguridad y el espacio donde se manifiestan cotidianamente las consecuencias de la violencia. Pero también es, con frecuencia, uno de los niveles de gobierno más vulnerables a la presión del crimen organizado.
Las organizaciones criminales buscan controlar policías, obtener información sobre operativos, influir en decisiones administrativas y establecer mecanismos de extorsión sobre comerciantes, transportistas y pequeños empresarios. Cuando consiguen estos objetivos, la delincuencia deja de actuar solamente frente al Estado y comienza a operar dentro de él. Por eso, combatir la narcopolítica municipal constituye una tarea democrática de primer orden.
La extensión de las investigaciones más allá del Estado de México, así como las acciones desarrolladas en entidades como Chiapas, expresan la necesidad de enfrentar un fenómeno que no reconoce fronteras estatales ni colores partidistas. La corrupción criminal puede penetrar gobiernos emanados de distintas fuerzas políticas. Pretender que se trata de un problema exclusivo de un partido sería una irresponsabilidad y una forma de encubrir la verdadera dimensión de la amenaza. En esta materia no puede haber privilegios, excepciones ni complicidades. Quien utiliza un cargo público para proteger organizaciones criminales traiciona la confianza ciudadana, independientemente del partido que lo haya llevado al gobierno.
Para quienes provenimos de las luchas democráticas de la izquierda mexicana, esta convicción tiene una importancia especial. Durante muchos años luchamos contra un sistema político en el que la impunidad era una forma de ejercicio del poder. La transformación democrática del país no puede reproducir aquellas prácticas bajo nuevos nombres o nuevas siglas. La autoridad moral de un proyecto político no se demuestra defendiendo incondicionalmente a sus funcionarios, sino teniendo la capacidad de investigar y sancionar a quienes traicionan sus principios. Sin embargo, sería un error medir el éxito de la Operación Enjambre exclusivamente por el número de personas detenidas. Las detenciones son necesarias cuando existen pruebas y responsabilidades acreditadas, pero no bastan para transformar las condiciones institucionales que hicieron posible la infiltración criminal.
El verdadero desafío consiste en pasar de una estrategia de reacción a una política permanente de prevención. Esto exige fortalecer los mecanismos de control interno de los ayuntamientos, revisar rigurosamente el funcionamiento de las corporaciones policiales, investigar el enriquecimiento injustificado de funcionarios, transparentar las contrataciones públicas y construir sistemas eficaces de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.
También implica proteger a los servidores públicos honestos que enfrentan amenazas y presiones de las organizaciones delictivas. No todos los municipios cuentan con las mismas capacidades institucionales ni con los recursos necesarios para resistir por sí solos la penetración criminal. La Federación y los estados deben asumir una responsabilidad activa en su fortalecimiento.
Pero hay una dimensión adicional que no podemos ignorar: la participación ciudadana. Allí donde la sociedad carece de mecanismos para vigilar a sus autoridades, denunciar abusos y exigir cuentas, aumentan las posibilidades de que prosperen las redes de corrupción. La recuperación de los gobiernos municipales debe ser también una recuperación de la vida democrática local.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una política de seguridad que articula atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones, inteligencia, investigación y coordinación. La Operación Enjambre puede convertirse en una expresión importante de esa orientación, siempre que sus resultados se traduzcan en instituciones más limpias, policías confiables y comunidades más seguras.
No se trata de debilitar la autonomía municipal, reconocida por el artículo 115 constitucional, sino de impedir que esa autonomía sea utilizada como refugio de la impunidad. El municipio libre no puede confundirse con un municipio sin controles, ni el federalismo puede servir como pretexto para tolerar la captura criminal de las instituciones.
Tampoco podemos permitir que el combate a la delincuencia se convierta en un instrumento de persecución política. La legitimidad de esta estrategia depende de investigaciones sólidas, respeto al debido proceso, presunción de inocencia y aplicación imparcial de la ley. Sin estas garantías, una política necesaria podría perder su fundamento democrático.
La transformación del país exige una ruptura definitiva con la vieja cultura de la protección política y la complicidad institucional. No basta con ganar elecciones, ocupar gobiernos o proclamar principios. Es indispensable demostrar, en el ejercicio cotidiano del poder, que las instituciones están al servicio de la sociedad.
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