Emilio Ulloa
La historia suele ser irónica, los hombres que alguna vez derribaron una dictadura terminan, con frecuencia, reproduciendo los mismos mecanismos de poder que combatieron. Pocas trayectorias ilustran con tanta claridad esa paradoja como la de Daniel Ortega.
En julio de 1979, miles de jóvenes sandinistas ingresaron triunfantes a Managua convencidos de que iniciaban una nueva etapa para Nicaragua. Habían derrotado a la dinastía de los Somoza, símbolo de un régimen sostenido por la concentración del poder, la represión política, el control de las instituciones y la subordinación de los intereses nacionales a un reducido grupo gobernante. La Revolución Sandinista no solo buscaba sustituir a un presidente; pretendía erradicar una forma de ejercer el poder.
El ideario del Frente Sandinista de Liberación Nacional descansaba sobre principios que trascendían la lucha armada: justicia social, soberanía nacional, participación popular, pluralismo político y construcción de instituciones al servicio del pueblo. Aquella revolución aspiraba a impedir que Nicaragua volviera a quedar sometida al dominio personal de un solo hombre.
Casi medio siglo después, resulta inevitable preguntarse qué queda de ese proyecto.
El Daniel Ortega que encabezó la resistencia contra la dictadura somocista parece muy distinto del gobernante que hoy concentra el poder político en Nicaragua. Su permanencia en la Presidencia desde 2007, las reformas constitucionales que fortalecen al Ejecutivo, la eliminación de límites efectivos a la reelección, el control de los principales órganos del Estado y la creciente influencia institucional de Rosario Murillo configuran un modelo profundamente distinto al imaginado por los fundadores del sandinismo.
Somoza convirtió al Estado en una extensión del poder familiar. Ortega, desde una legitimidad nacida de la revolución, ha construido un sistema en el que las principales decisiones políticas convergen igualmente en un núcleo reducido de poder, él y su esposa. La revolución que combatió el caudillismo terminó edificando una nueva centralidad política alrededor de una dictadura peor que la de Somoza.
Paradójicamente, Ortega ha terminado utilizando argumentos semejantes a los que históricamente emplean todos los gobiernos que prolongan su permanencia: la estabilidad nacional, la defensa de la soberanía, la existencia de amenazas externas y la necesidad de preservar las conquistas alcanzadas. Ninguno de esos argumentos es nuevo; todos han sido invocados, en distintas épocas y bajo distintas ideologías, para justificar la concentración del poder.
Quizá la mayor contradicción radica en que el sandinismo nació como una revolución contra la perpetuación presidencial. Combatió una dinastía porque entendía que ninguna causa revolucionaria podía justificar el poder indefinido. Hoy, sin embargo, la alternancia política parece haber dejado de ser un objetivo del propio régimen que surgió de aquella revolución.
La historia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de movimientos emancipadores que, una vez instalados en el gobierno, terminaron privilegiando la conservación del poder sobre la renovación democrática. Nicaragua parece incorporarse a esa larga tradición. La revolución deja entonces de ser un proceso transformador para convertirse en una estructura cuya prioridad consiste en garantizar su propia supervivencia.
Las revoluciones no fracasan únicamente cuando son derrotadas desde el exterior. También pueden vaciarse de contenido cuando sustituyen la participación por la obediencia, el liderazgo colectivo por el personalismo y la legitimidad popular por la permanencia institucional.
Daniel Ortega derrotó a Somoza en el campo de batalla. La pregunta que hoy plantea la historia es mucho más incómoda: ¿desde la profunda corrupción, ha terminado derrotando también los principios que hicieron posible aquella victoria?
Si la esencia del sandinismo consistía en impedir que Nicaragua volviera a depender de la voluntad de un solo hombre, entonces el mayor riesgo para ese legado no proviene de sus antiguos adversarios, sino de la transformación de uno de sus principales protagonistas en el custodio de un poder que la propia revolución prometió limitar.
Esa es, quizá, la más profunda ironía de la historia nicaragüense: el hombre que contribuyó a derribar una dinastía enfrenta hoy el juicio de quienes consideran que ha terminado reproduciendo los rasgos más perversos del sistema que juró combatir. Y cuando una revolución comienza a parecerse demasiado al régimen que sustituyó, la pregunta deja de ser si conserva el poder. La verdadera pregunta es si conserva todavía su esencia y finalidad.
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