En semanas anteriores, en mi artículo señalé cuatro puntos cruciales que, a la postre, marcaron el colapso del servicio público de la administración del agua: el suministro de agua limpia, indispensable para los hogares tapatíos. Aunado a ello, se desencadenaron dos manifestaciones ciudadanas.
La primera tuvo lugar el 11 de octubre y dejó consecuencias graves, tanto para los manifestantes como para la fuerza pública y, de paso, para el titular del Ejecutivo estatal, quien hasta el momento no ha recibido sanción alguna, más allá del escrutinio ciudadano y del llamado de atención de la Federación. Quedaron en evidencia los nulos protocolos de seguridad ante aquella marcha de protesta, que logró reunir a cerca de 10,000 ciudadanos para exigir su legítimo derecho a contar con agua limpia en sus hogares y cubrir así sus necesidades más elementales.
Pero el colmo fue intentar dispersar la manifestación con gas lacrimógeno, piedras y una pipa del heroico Cuerpo de Bomberos de Guadalajara que lanzó chorros de agua limpia. Esto se convirtió en una señal inequívoca —y profundamente indignante para la ciudadanía— de que en Casa Jalisco sí se dispone de agua de esa calidad. A ello se sumaron detenciones que el autor considera arbitrarias y contrarias a la ley, así como presuntos actos de tortura contra los 39 detenidos, sin medir las consecuencias, y la imputación de cargos a siete manifestantes. Todo ello provocó la indignación de amplios sectores de la sociedad.
Ante estos actos de intolerancia, las comunidades universitarias del ITESO y de la UdeG fijaron su postura, rechazaron lo ocurrido durante la manifestación y exigieron la liberación inmediata de sus estudiantes detenidos. También se pronunciaron medios de comunicación, asociaciones y representantes de organismos de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó enérgicamente los hechos y exigió al gobernador del estado una explicación por estos actos de barbarie en pleno siglo XXI.
Al día siguiente de ese llamado, el Ejecutivo estatal ofreció una disculpa pública y reconoció que hubo un uso excesivo e indebido de la fuerza pública durante el operativo. Como consecuencia, se abrió una carpeta de investigación contra los policías que la ejercieron. Sin embargo, le recordamos al señor gobernador que los policías no actúan por cuenta propia: ejecutan órdenes de sus mandos superiores. Hasta el día de hoy, después de más de dos semanas, se desconoce quién dio la instrucción.
A raíz de estos hechos, se convocó a una segunda marcha para el 18 de octubre, esta vez con destino al Centro Histórico de Guadalajara, específicamente al Palacio de Gobierno. La protesta adoptó un tono más directo y confrontativo hacia el gobernador del estado, Jesús Pablo Lemus Navarro: se exigió, literalmente, agua limpia y su renuncia.
Pero aquí surge lo cuestionable: apareció el llamado «bloque negro» entre los manifestantes y, en esta ocasión, la fuerza pública no aplicó protocolos de seguridad para contener sus acciones. Ni siquiera hubo un intento mínimo de encapsular al grupo para prevenir disturbios y daños al patrimonio cultural y a los negocios privados. Se le permitió actuar con aparente libertad.
La presencia de organismos internacionales de derechos humanos no es una mera casualidad, y menos aún si se considera la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la presencia en Jalisco de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal. Todo ello indica que se han encendido las alertas ante la crisis política y social que enfrenta el gobierno estatal.
La situación deja en evidencia, a juicio de este autor, la falta de pericia política, la ausencia de una visión resolutiva ante conflictos de mayor escala, el escaso interés por servir mejor a la ciudadanía, la falta de empatía frente a los problemas de la gente y, sobre todo, la intolerancia a la crítica, venga de quien venga y se exprese al nivel que sea.
Dos caídas consecutivas bastaron para quitarle la máscara al gobernador. No metió ni las manos y terminó mostrando ante todos los jaliscienses su verdadero rostro frente a su principal adversario: la ciudadanía.
Habrá que observar las consecuencias en los próximos días. Y no lo olvidemos: se aproxima 2027.
¡Ojo al tiempo!
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