Por Jorge Eduardo García Pulid.
La reciente postal política que circuló en Tonalá —bautizada con ironía como el «sanedrín tonalteca» congregado en una mesa de restaurante— pretendió presentarse como un bloque de dignidad política, pero terminó desnudando las costuras de una conjura meramente reactiva. Lo más grave del episodio no radica únicamente en los acuerdos bajo la mesa: ocurrió en plena jornada y horario laboral, momento en que regidores y diputadas locales debían estar despachando en sus oficinas, dictaminando comisiones y atendiendo las demandas de los ciudadanos tonaltecas. En lugar de devengar su sueldo en el servicio público, optaron por abandonar sus funciones oficiales y sentarse a conspirar abiertamente contra la regidora Laura Liliana Olea Frías y las definiciones del presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, escudados en la gastada consigna de que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo».
Detrás del reclamo de que «el piso no está parejo» y de la pretendida inconformidad colectiva contra el alcalde, subyace una realidad inocultable: la desesperación de quienes ven amenazadas sus cuotas personales y la enorme distancia que separa al ruido mediático y la conspiración de café frente a la productividad sustantiva en el servicio público.
Cuando se despoja a este cónclave del dramatismo discursivo y se revisan las actas, gacetas e iniciativas del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, la narrativa de los conspiradores se desmorona ante la falta de sustancia legislativa. En ese escenario, únicamente tres figuras cuentan con un expediente solvente, tangible y de auténtica política pública:
1. Laura Liliana Olea Frías: Desde la presidencia de la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene, Olea ha consolidado la agenda social más estructurada y medible del municipio. Lejos de limitarse al trámite protocolario, diseñó el marco normativo del primer Sistema Municipal de Cuidados, impulsó los centros comunitarios NORA, promovió iniciativas de cero tolerancia a la violencia laboral e institucional y articuló activamente las brigadas preventivas «Tonalá se Cuida», además de acompañar la gestión operativa de la Unidad Municipal de Hemodiálisis y las instalaciones de la Cruz Verde.
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3. Nicolás Maestro Landeros: El síndico municipal ha ejercido una representación de Estado alejada de estridencias y mezquindades grupales. Su mayor acierto institucional ha sido la estructuración y presentación de la iniciativa para revertir formalmente la donación de más de 74,000 metros cuadrados en el Cerro de la Reina que administraciones pasadas habían entregado al Gobierno del Estado. Tras la cancelación definitiva del cuestionado megaproyecto turístico Yolkan, Maestro trazó la ruta jurídica para reintegrar ese predio al patrimonio inalienable de Tonalá bajo la figura de parque ecológico protegido.
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5. Juan Carlos Villarreal Salazar: Aportando rigor técnico y solvencia procedimental al cuerpo edilicio, Villarreal ha mantenido un trabajo enfocado en soluciones tangibles para la ciudadanía. Destacan sus iniciativas de reforma para actualizar los ordenamientos de transparencia institucional y combate a la opacidad municipal, así como los acuerdos impulsados para descentralizar trámites esenciales y habilitar módulos de refrendo de licencias de manejo en beneficio de colonias alejadas del centro.
Al margen de estas tres excepciones, la realidad legislativa de los demás integrantes sentados en horario de oficina exhibe una alarmante escasez de iniciativas propias de transformación. La regidora Juncal Solano Flores mantiene un perfil de alta visibilidad en redes sociales y movilización discursiva juvenil, pero en el trabajo reglamentario de comisiones su producción de ordenamientos técnicos de fondo continúa en fase testimonial.
En una tesitura semejante se ubica el regidor César Gerardo Esquivias Garduño, cuya única aportación visible se limita a la propuesta de instituir el Día Municipal de la Mediación, manteniéndose pasivo frente a los grandes debates regulatorios de la comuna. Por su parte, los ediles Santos Hernández Camarena y Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez han ejercido una labor circunscrita a la disciplina de votación ordinaria, limitándose a levantar la mano y convalidar acuerdos sin encabezar agendas normativas diferenciadas.
A esta mesa en horas de trabajo se sumó también Carlos Rodríguez Burgara, titular de la Dirección General de Atracción de Inversiones, quien desatendió las labores operativas de la administración municipal que le paga su sueldo para involucrarse en negociaciones de facción electoral.
La presencia de las diputadas locales Marta Estela Arizmendi Fombona y Valeria Ávila Gutiérrez terminó de desnudar la naturaleza del encuentro. El discurso preelectoral con el que recorrieron las colonias y barrios tonaltecas ya se agotó; hoy lo que se observa en los hechos es grilla cupular y no la construcción de alta política.
En lugar de procesar los disensos a través del debate institucional y consolidar su representatividad popular desde la máxima tribuna del Congreso de Jalisco, ambas legisladoras decidieron abandonar sus curules en jornada laboral para operar un cabildeo de restaurante y conformar bloques de veto. Marta Arizmendi, tras haber presidido la Mesa Directiva del Poder Legislativo y contar con presencia en Tonalá, prioriza el bloqueo a un perfil emergente antes que esperar los cauces formales del partido; mientras que Valeria Ávila, desde su origen partidista en Hagamos, interviene en un tablero que evidencia una alianza pragmática de conveniencia y no una coincidencia programática de fondo. El cálculo electoral desplazó por completo a la agenda legislativa de cara a la ciudadanía.
Frente a la animadversión de este bloque conspirador, la realidad política es que Sergio Chávez Dávalos siempre fue transparente y claro en sus determinaciones: tras haber gobernado Tonalá y recuperar el municipio dos veces consecutivas bajo las siglas de Morena, Chávez anunció con toda claridad que concluiría su ciclo en la Villa Alfarera para buscar la candidatura a la alcaldía de Guadalajara en 2027. El alcalde nunca ocultó sus definiciones ni su respaldo natural a quienes han acreditado el trabajo territorial del gobierno con iniciativas reales y disciplina de gestión, como es el caso de Liliana Olea.
La conspiración fraguada en horario de oficina choca frontalmente con los principios normativos de Morena. El Artículo 3º, incisos g) y h), de sus Estatutos proscribe terminantemente la denostación, calumnia o descalificación pública entre militantes, mandatarios y aspirantes a cargos de elección popular. De igual forma, el Artículo 53º estatutario y los reglamentos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) catalogan como falta sancionable la creación de corrientes internas, facciones o «tribus» organizadas para presionar corporativamente a la dirigencia o torcer procesos democráticos.
La normatividad partidista establece de manera categórica que cualquier desacuerdo, inconformidad o presunta falta debe encauzarse obligatoriamente por la vía formal ante los órganos jurisdiccionales de Morena y resolverse con pruebas, no mediante filtraciones de prensa ni motines en restaurantes a mitad de la jornada de trabajo.
La lección que deja este desencuentro es contundente: el noble pueblo de Tonalá y las bases de la transformación no se conquistan con grillas de café en horas de servicio ni con vetos prematuros. Se conquistan con trabajo legislativo, solvencia comprobable en el Cabildo y lealtad irrestricta a los estatutos que rigen al movimiento.
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