La promesa de la justicia

Por Carlos Anguiano

www.youtube.com/c/carlosanguianoz

@carlosanguianoz en redes sociales

México emprendió una de las transformaciones constitucionales más profundas de su historia reciente al sustituir un modelo de designación judicial por otro sustentado en el voto popular. La promesa era tan contundente como atractiva: democratizar el Poder Judicial permitiría combatir la corrupción, acercar la justicia a la ciudadanía, acelerar la resolución de los juicios, reducir privilegios y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Era una narrativa políticamente poderosa. Después de todo, pocas consignas movilizan tanto como la idea de devolverle al pueblo aquello que durante décadas pareció reservado para una élite.

Sin embargo, las instituciones no cambian al ritmo de los discursos. Cambian cuando se modifican los incentivos, los procedimientos, las capacidades y la cultura que las sostiene. Y ahí es donde la realidad ha comenzado a imponer sus propios límites.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros representó una innovación sin precedentes a escala internacional. Ninguna democracia consolidada había apostado por trasladar a las urnas la renovación integral de su máximo órgano jurisdiccional bajo un modelo semejante. La singularidad, sin embargo, nunca constituye una garantía de éxito. A poco más de un año de su implementación, las preguntas que justificaron la reforma siguen esperando respuestas más convincentes que las consignas que la impulsaron.

No existe evidencia nacional que permita afirmar que la justicia sea hoy sustancialmente más rápida. Tampoco puede sostenerse que el rezago histórico de los tribunales haya disminuido de manera significativa. Los expedientes siguen acumulándose porque la lentitud judicial nunca dependió exclusivamente del nombre de quienes ocupaban los juzgados. Dependía —y sigue dependiendo— de un entramado mucho más complejo: fiscalías rebasadas, ministerios públicos insuficientemente profesionalizados, carencias tecnológicas, procesos excesivamente burocráticos, falta de personal jurisdiccional y una demanda de justicia que desde hace años supera con amplitud la capacidad institucional para atenderla.

Cambiar el mecanismo de selección sin transformar esas condiciones equivalía, en buena medida, a reemplazar el tablero sin reparar la maquinaria. La reforma modificó la puerta de entrada al Poder Judicial, pero dejó prácticamente intactos los pasillos por los que transitanmillones de ciudadanos que esperan una sentencia. Ninguna elección, por concurrida que sea, puede sustituir la inversión pública, la capacitación permanente, la gestión eficiente de expedientes o la profesionalización de quienes integran el sistema de justicia.

Tampoco la corrupción parece haber encontrado un antídoto automático en las urnas. Sería ingenuo pensar que uno de los problemas más antiguos y complejos del Estado mexicano podía resolverse simplemente cambiando el método de nombramiento de los jueces. La corrupción florece donde faltan controles efectivos, sistemas disciplinarios confiables, transparencia patrimonial, vigilancia institucional y consecuencias para quien traiciona la función pública. Ninguna boleta electoral reemplaza esos mecanismos. La legitimidad democrática puede otorgar autoridad de origen; la integridad institucional sólo puede construirse mediante reglas que funcionen y se apliquen sin excepciones.

Quizá el dato más revelador no provenga de los críticos de la reforma, sino de sus propios impulsores. Apenas iniciado el nuevo modelo, el Gobierno federal promovió ajustes para corregir aspectos operativos y replantear el calendario de futuras elecciones judiciales. Más que una simple adecuación administrativa, esa decisión constituye el reconocimiento implícito de que la arquitectura original presentaba deficiencias importantes.

El debate sobre salarios, privilegios y racionalidad del gasto judicial permanece abierto. Fue un error presentar una reforma judicial como si fuera una solución inmediata. La justicia nunca ha dependido únicamente de quién dicta la sentencia, sino de todo aquello que ocurre antes de que el expediente llegue a un escritorio. Depende de policías que investiguen, de fiscalías que integren correctamente las carpetas, de peritos suficientes, de defensores públicos preparados y de tribunales capaces de resolver con oportunidad. Cuando cualquiera de esos eslabones falla, el resultado termina siendo el mismo: una ciudadanía que percibe que el Estado llega tarde o simplemente no llega.

México necesita un Poder Judicial más cercano, más transparente y más eficiente, pero también más profesional, más independiente y menos vulnerable a las presiones del poder político o de las mayorías circunstanciales. La legitimidad de un juez no debería descansar únicamente en el número de votos que obtuvo, sino en la calidad de sus resoluciones, en la imparcialidad de sus decisiones y en la confianza que inspira su conducta.

La reforma judicial necesita ser evaluada. La justicia no necesita más discursos ni más propaganda; necesita instituciones capaces de ofrecer algo mucho más sencillo y mucho más difícil al mismo tiempo: que la ley llegue a tiempo, trate a todos por igual.