Por Jorge Eduardo García Pulido
Este martes Mural documentó, en su sección de comunidad, un hallazgo frente a la Notaría Pública 90, a un par de calles de La Minerva, en la colonia Vallarta: un escrito contra notarios, jueces y servidores públicos, y un hecho que el propio diario califica de amenaza. No hace falta describirlo. Basta con lo que ya es público: es muy grave. Quien da fe en Jalisco quedó señalado, expuesto y en riesgo. Eso, por sí solo, obliga al Estado.
Lo primero es proteger a las y los fedatarios. Hoy. No mañana, no en la siguiente mesa de “certeza jurídica”. Una notaría no es un mostrador: es un órgano de la fe pública. Si un medio de circulación estatal registra una amenaza de esa magnitud a la puerta de una notaría, Consejería Jurídica, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Fiscalía tienen que sentarse la misma tarde y producir medidas: análisis de riesgo, resguardo, canal único de denuncia, responsable con nombre. Tatiana Esther Anaya Zúñiga no puede seguir omisa. Su cargo no es protocolario. Coordina al Ejecutivo en lo jurídico, substancia la responsabilidad administrativa de los notarios y tiene que empujar, con urgencia, la protección. La Fiscalía investiga el hecho y las carpetas de fraude, falsificación y despojo que ya existen por centenares. Secretaría General de Gobierno no es comparsa: si hay riesgo, resguardo; si hay irregularidad, sanción. Las dos cosas. Eso es Estado de derecho.
Lo segundo es interno, y el gremio ya no puede esquivarlo.
José Luis Leal Campos no puede seguir al frente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco.
Hay denuncia en su contra por el intento de despojo de una adulta mayor de más de 80 años, con un poder que ella no firmó. No es un pleito de vecinos. Es el tipo de señalamiento que vacía de autoridad a quien pretende hablar por todos los notarios. La sola sospecha —cuando es denuncia por el instrumento clásico contra una octogenaria— lo vuelve inviable para proteger al gremio. ¿Con qué cara pide Leal Campos resguardo, celeridad ministerial o sanción a terceros, si su nombre está en una carpeta de despojo a una adulta mayor? El Colegio no puede exigir al Estado lo que su propio presidente no puede mirar de frente.
Los fedatarios que sí ejercen la función no tienen por qué cargar esa hipoteca. Deben quitarlo de inmediato: licencia, renuncia o remoción. No cuando “concluya la investigación”. Ahora. La carpeta penal y el procedimiento administrativo siguen su curso; la presidencia del Colegio no puede servir de escudo ni de lastre. Escudo para él. Lastre para quienes hoy necesitan voz limpia para pedir protección.
Esa es la doble exigencia, y no se contradice:
1. Protección urgente a notarias y notarios, a partir del hecho gravísimo que registró Mural.
2. Separación inmediata de José Luis Leal Campos de la presidencia del Colegio.
Tatiana Anaya, la Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno tienen que dejar de administrar el silencio. Quien deba ser sancionado, que lo sea. Quien deba ser resguardado, que lo sea. Mezclar las dos cosas en un solo expediente muerto es lo que convirtió un problema de carpetas en un problema de banqueta.
Los notarios honestos merecen Estado. No un presidente denunciado por un poder que una mujer de más de 80 años no firmó.
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