Por Jorge Eduardo García Pulido
Guadalajara, Jalisco
En la geografía política y social de Jalisco, la impunidad rara vez ha sido un monopolio exclusivo de los despachos gubernamentales. Durante décadas, el control territorial en regiones como Los Altos, el Sur y la Región Valles ha descansado sobre un balance tácito de tres bandas: los ayuntamientos, las corporaciones policiales de proximidad y las parroquias con fuerte arraigo eclesiástico. Sin embargo, ese andamiaje tradicional enfrenta una sacudida sin precedentes con el despliegue de la Operación Enjambre, el dispositivo federal conducido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El planteamiento del secretario federal está plenamente estructurado y no admite dilaciones burocráticas: intervenir de forma directa y quirúrgica las redes de complicidad que blindan a las organizaciones criminales en los municipios. Con el respaldo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, el operativo demostró su alcance en Jalisco tras la aprehensión del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, procesado penalmente por extorsión sistemática a empresas tequileras y presuntos nexos delictivos. Aquella intervención confirmó en el territorio lo que en el centro del país ya ha arrojado sentencias condenatorias acumuladas por más de mil 200 años contra exservidores públicos y mandos policiales coludidos.
No obstante, las líneas de investigación de la federación han ampliado su espectro hacia un terreno que históricamente gozó de inmunidad consuetudinaria: el ámbito clerical. Informes del gabinete de seguridad mantienen bajo observación el papel que desempeñan determinados actores eclesiásticos en zonas de alta presencia criminal. La indagatoria federal busca delimitar la frontera entre el acompañamiento pastoral a las comunidades y la presunta interlocución oficiosa, derivada de sospechas sobre mediaciones territoriales, validación de acuerdos informales o facilitación de mensajes entre células delictivas y autoridades civiles. A la par, las autoridades siguen la pista financiera a donaciones en efectivo y patrocinios dirigidos a festividades patronales, patronatos y obras parroquiales en demarcaciones rurales, ante indicios de esquemas de legitimación social o blanqueo de recursos de procedencia ilícita.
En el entorno de las instituciones locales de seguridad se percibe con inquietud que el diseño del operativo federal no contempla negociaciones ni blindajes corporativos. Para la federación, la cooptación institucional y la extorsión no diferencian si la protección proviene de una patrulla o del púlpito.
La Operación Enjambre ha fijado una regla inequívoca: el desmantelamiento del crimen organizado en Jalisco no puede limitarse a neutralizar al gatillero en el camino vecinal mientras persistan intactas las estructuras morales y políticas que justifican el silencio. El esquema de García Harfuchtiene definidos sus objetivos, las carpetas de investigación continúan su curso procesal y la justicia federal ha dejado en claro que ningún fuero —civil o religioso— detendrá el avance de las órdenes de aprehensión.
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