Por Jorge Eduardo García Pulido
El Instituto Jalisciense de la Vivienda atraviesa un periodo crítico que exige una revisión sin miramientos. Concebido para ser el brazo ejecutor del acceso a la vivienda digna y el ordenamiento del suelo popular en la entidad, la dependencia ha derivado en una estructura burocrática cuyos avances terminan eclipsados por la falta de alcance estructural y la confrontación operativa en el territorio.
Un desglose forense de la gestión operativa expone las deficiencias del organismo a través de sus titulares y líneas directivas:
En la Dirección General, bajo la titularidad de Luis Guillermo Medrano Barba, se concentran las mayores inconsistencias metodológicas. La estrategia de comunicación institucional se sostiene en metas reactivas como la pintura de fachadas o subsidios fragmentados de renta. Sin embargo, la proyección de vivienda social real frente al rezago del estado muestra una desproporción severa. La falta de articulación social derivó en episodios de tensión severa, como el conflicto en Mirador de San Isidro, donde la imposición de proyectos habitacionales sin una socialización efectiva ni consenso vecinal provocó parálisis y descontento, evidenciando fallas operativas en la concertación del territorio.
En la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a cargo de Guillermo Padilla Uribe, la integración de reservas de suelo accesible para sectores vulnerables carece de dinamismo. La dependencia sigue subordinada a las dinámicas inmobiliarias comerciales, limitando la vivienda de interés social a periferias desarticuladas o a predios con alta presión de equipamiento urbano.
En la Dirección de Proyectos y Construcción, encabezada por Edgardo Zúñiga Beristaín, el ritmo de ejecución de infraestructura habitacional propia sigue mostrando una métrica modesta en comparación con los subsidios indirectos entregados. La falta de modelos constructivos innovadores o industrializados frena la capacidad de reducir costos de edificación a gran escala.
En la Dirección de Gestión Sectorial y Políticas Públicas de Vivienda, liderada por Salvador Dueñas Rodríguez, la articulación con el sector privado, colegios y municipios no ha logrado detonar un verdadero banco de suelo estatal interconectado. El instituto actúa como un gestor de programas asistenciales aislados antes que como un diseñador de política pública habitacional.
¿Debe continuar el IJALVI?
El organismo no debe desaparecer, pero su modelo operativo actual resulta inviable. Disolver la entidad dejaría un vacío institucional en la normatividad de la vivienda social; sin embargo, mantener la estructura tal como opera hoy representa un gasto corriente ineficiente con impacto territorial limitado. La permanencia del IJALVI requiere una reestructuración de fondo que lo transforme de un organismo asistencialista a una agencia técnica de desarrollo y gestión de suelo.
Mecanismos de socialización y consulta previa. Implementar protocolos técnicos rigurosos para la intervención comunitaria antes de arrancar obras habitacionales, evitando la confrontación con los vecinos y garantizando el respeto al equipamiento urbano existente.
Consolidación de un Banco de Suelo Urbano Centralizado. Adquirir y habilitar suelo intraurbano antes de proyectar desarrollos, asegurando conectividad, servicios públicos y acceso a transporte sin expulsar a la población vulnerable a zonas sin infraestructura.
Digitalización y transparencia procedimental. Transitar hacia la simplificación de trámites y asignación de vivienda mediante plataformas abiertas auditables, eliminando la intermediación y reduciendo la opacidad en los padrones de beneficiarios.
Innovación en esquemas de financiamiento y autoconstrucción asistida. Migrar del subsidio pasivo a esquemas de coinversión, crédito blando y apoyo técnico directo en sitio para las familias que construyen de forma progresiva.
El acceso a un hogar adecuado no es una concesión burocrática ni un recurso para la simulación política, sino la piedra angular sobre la que se construye el bienestar de miles de familias jaliscienses. Tolerar la ineficiencia en las políticas públicas de hábitat condena a las comunidades más vulnerables a la marginación y la fragmentación social. El IJALVI se encuentra ante una encrucijada inevitable: o asume una reforma radical que ponga la capacidad técnica, la socialización y la ética urbanística al servicio de la gente, o seguirá confirmando su irrelevancia institucional mientras la deuda con la vivienda digna en Jalisco no deja de crecer.
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