La Redacción
El regidor de Morena Alberto Martínez demanda auditorías administrativas ante señalamientos de hostigamiento ciudadano y opacidad tras el hackeo del servidor municipal. El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga enfrenta severos cuestionamientos institucionales luego de que la fracción edilicia de Morena fijara una postura crítica en torno a dos problemáticas centrales que comprometen la gestión pública local: presuntos actos de nepotismo acompañados de hostigamiento a particulares, y una prolongada opacidad en el manejo del colapso de las plataformas digitales del Ayuntamiento.
La controversia administrativa cobró relevancia tras la denuncia de una residente de la colonia GeoVillas La Arbolada. Según el expediente público expuesto, la ciudadana reportó una serie de presiones institucionales, bloqueos vehiculares y la colocación de sellos de clausura en una sección de su propiedad que carecía de modificaciones de infraestructura recientes. Los señalamientos asocian directamente estas medidas de coacción con la negativa de la afectada a participar en actividades de promoción política vinculadas al partido Movimiento Ciudadano.
El núcleo del reclamo radica en la presunta intervención de áreas gubernamentales para favorecer intereses particulares o políticos. La denunciante señaló de forma abierta la implicación de redes cercanas a Erick Sunderman Arriero, quien actualmente se desempeña como director dentro de la estructura orgánica municipal. Sunderman Arriero guarda una relación de parentesco directo en primer grado con la presidenta del Sistema DIF local, siendo a su vez cuñado del alcalde formal de la demarcación, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.
El problema de fondo no reside de manera aislada en el lazo consanguíneo o de afinidad, sino en la posibilidad latente de que las facultades del poder público sean instrumentalizadas para el detrimento o la persecución de la ciudadanía, apuntó el representante del partido denunciante. Ante este panorama, se formalizó la exigencia de iniciar procedimientos internos inmediatos a través del órgano de control competente, con el objetivo de fiscalizar el actuar de los servidores de las dependencias involucradas y descartar un desvío de funciones motivado por influyentismo.
De forma paralela, la administración local es objeto de escrutinio debido a las irregularidades que rodearon la inhabilitación del ecosistema digital del municipio. Tras semanas de variaciones en las explicaciones oficiales que transitaron desde fallas en el suministro eléctrico hasta la confirmación de un hackeo profesional con vertientes de extorsión—, persisten dudas técnicas sobre el estado de vulnerabilidad de los servidores públicos.
La parálisis informática impidió la realización regular de trámites tributarios y transmisiones patrimoniales, generando un rezago que afectó a miles de contribuyentes. Actualmente, las demandas de transparencia se centran en conocer el estatus de las denuncias penales correspondientes, la vigencia de los respaldos de información confidencial y el origen de diversas inconsistencias en los adeudos reportados por la ciudadanía tras la reactivación del sistema informático.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
