Por Carlos Anguiano
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La educación pública no es solamente un derecho constitucional. Es, probablemente, el principal detonador de movilidad social, crecimiento económico y desarrollo comunitario que tiene una nación. Ningún país ha logrado prosperidad sostenida sin invertir seriamente en educación de calidad, en ciencia, tecnología y formación técnica. Ahí está la diferencia entre las economías que producen conocimiento y las que únicamente consumen lo que otros inventan.
México, sin embargo, parece haber perdido claridad sobre esa prioridad estratégica. Durante los últimos años, los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han minimizado, desacreditado o relativizado las evaluaciones internacionales de aprendizaje como la prueba PISA de la OCDE, el estudio TIMSS sobre matemáticas y ciencias, o PIRLS sobre comprensión lectora. El discurso oficial insiste en una narrativa “humanista” y “comunitaria”, pero los resultados académicos del país siguen lejos de mejorar.
Los datos son contundentes. En PISA 2022, México se mantuvo por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. El estudio evaluó a más de 690 mil estudiantes de 81 países y reveló que los alumnos mexicanos continúan rezagados en habilidades fundamentales para competir en una economía global basada en innovación y tecnología.
Más preocupante aún es que, mientras otras naciones fortalecen competencias STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas—, en México el debate educativo se desplazó hacia discusiones ideológicas y políticas. La llamada Nueva Escuela Mexicana prometía transformar la enseñanza desde un enfoque humanista y social, pero hasta ahora no existen indicadores sólidos que acrediten una mejora sustancial en el aprendizaje, la comprensión matemática o la capacidad científica de los estudiantes. Por el contrario, la reforma ha estado rodeada de controversias por el contenido de los libros de texto y las críticas sobre una posible carga ideológica en materiales educativos.
Frente a ese panorama nacional, Jalisco ha comenzado a construir una ruta distinta. El estado entendió algo elemental: el futuro económico depende directamente de la capacidad educativa de sus jóvenes. Y por ello decidió apostar por educación tecnológica, formación técnica, bilingüismo, innovación y fortalecimiento de la educación media superior.
La diferencia no es menor. Mientras el modelo federal parece enfocado en debates narrativos, Jalisco está intentando conectar la educación con las necesidades reales del mercado laboral, la industria tecnológica y el desarrollo económico regional.
El gobierno de Jalisco ha impulsado una estrategia específica para educación media superior basada en cinco ejes: modernización de infraestructura, capacitación docente, innovación educativa, fortalecimiento del talento estudiantil y vinculación con sectores productivos.
Actualmente, la educación media superior en Jalisco atiende a más de 346 mil estudiantes en 1,116 escuelas y cuenta con alrededor de 16 mil docentes. La estrategia estatal contempla remodelación de preparatorias, creación de aulas de innovación, laboratorios de alta tecnología y actualización de carreras técnicas vinculadas con inteligencia artificial, robótica, programación y disciplinas STEAM.
El enfoque tiene lógica económica. Jalisco concentra uno de los ecosistemas tecnológicos más importantes de América Latina. Empresas globales de semiconductores, electrónica, software y manufactura avanzada demandan perfiles técnicos especializados. La entidad no puede darse el lujo de formar generaciones desconectadas de la economía del conocimiento.
Por eso resulta relevante que el estado también fortalezca la educación dual, el aprendizaje del inglés y la vinculación entre escuelas y empresas. La educación técnica dejó hace mucho de ser una opción “de segunda”. Hoy representa uno de los caminos más eficaces para generar empleabilidad, mejores ingresos y movilidad social.
Además, el impulso a la educación media superior tiene un impacto directo en la reducción de abandono escolar y violencia juvenil. Cada joven que permanece estudiando es una posibilidad menos de caer en dinámicas de exclusión, informalidad o criminalidad. La preparatoria ya no es un nivel educativo opcional; es prácticamente el piso mínimo para competir laboralmente en el siglo XXI.
Por supuesto, Jalisco todavía enfrenta enormes desafíos. Persisten desigualdades regionales, rezagos digitales y carencias en muchos planteles. Pero existe una diferencia fundamental respecto al modelo nacional: aquí sí parece existir una visión orientada hacia productividad, innovación y competitividad.
México necesita volver a colocar el aprendizaje y la excelencia educativa en el centro de la discusión pública. No basta con discursos ideológicos ni con reformas simbólicas. La verdadera justicia social comienza cuando un niño de escuela pública puede competir en igualdad de condiciones con cualquier estudiante del mundo.
Y hoy, guste o no, Jalisco parece entender mejor esa realidad que el propio gobierno federal.
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