“A las demoras salariales se suman adeudos con Pensiones, señalamientos de presunto acoso laboral contra José María Ceballos Cruz y el distanciamiento político de la dirección general con Casa Jalisco.”
Por la Redacción
El pago a destiempo de la nómina para el personal administrativo e instructores del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) desató una serie de reclamos contra su director general, Salvador Cosío Gaona, y su director administrativo, Alberto Manuel Enciso Rodríguez. Aunque los sueldos finalmente fueron liberados a deshoras de la tarde del viernes tras la presión ejercida, los trabajadores advierten que persiste un grave desorden administrativo en la institución, por lo que mantienen el llamado para que el gobernador Pablo Lemus intervenga ante una gestión que pone en constante incertidumbre el sustento de sus familias.
De acuerdo con los testimonios referidos, los afectados atribuyen estos retrasos y tropiezos operativos a presuntos malos manejos y cuestionan la opacidad en el destino de los recursos del Instituto. Sus señalamientos alcanzan tanto a Cosío Gaona, como titular del organismo, como a Enciso Rodríguez, a quien responsabilizan directamente de la falta de orden en la administración y de la nula previsión para cubrir en tiempo y forma las obligaciones laborales.
En el entorno de la institución trasciende además el desgaste interno provocado por el propio director administrativo. Fuentes cercanas refieren que el Maestro Ernesto Ángel Macías depositó su confianza en Enciso Rodríguez y desafortunadamente este terminó dándole un muy mal trato y pagándole mal a esa confianza.
En medio de este caos financiero y administrativo, versiones al interior del organismo apuntan a que Salvador «Chavita» Cosío ya busca construir una «salida digna» de la dependencia. Él mismo ha comenzado a asegurar en distintos círculos que dejará el cargo para ser candidato a diputado; sin embargo, la realidad política dista de esa versión, pues en Casa Jalisco ya ni siquiera le contestan el teléfono.
Mientras tanto, el reclamo de la base trabajadora exige respuestas de fondo: por qué se retuvieron los salarios hasta el último momento, qué ocurre con la planeación de los recursos y qué garantías existen de que no volverá a suceder. En publicaciones en redes sociales, el personal también cuestiona la actuación de las autoridades educativas y pide que el Gobierno de Jalisco audite y esclarezca la situación financiera del Instituto.
A las inconformidades por el descontrol interno se suma el testimonio de una exempleada que asegura llevar once meses fuera de la institución sin recibir su finiquito. En su denuncia, expone afectaciones a su fondo y antigüedad, y describe al organismo como un “botín”.
Otro elemento que evidencia la crisis administrativa es el documento atribuido al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), referido en los reclamos, en el que aparece el IDEFT con un monto omitido de 4 millones 722 mil 269 pesos con 74 centavos, bajo el estatus de “Requerido”. Asimismo, la problemática incluye señalamientos de presunto acoso laboral presentados ante la Contraloría del Estado en contra de José María Ceballos Cruz, director Académico.
Ante este panorama, los Sindicatos Autónomos Federados (SAFE), el Sindicato Único de Trabajadores del IDEFT (SUTIDEFT) y el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior de Jalisco (FESEMSEJ) expresaron su solidaridad con el personal administrativo e instructores afectados, respaldando la exigencia de poner orden inmediato en la dependencia. Las organizaciones sostuvieron que el respeto a los derechos laborales debe ser una prioridad y reafirmaron su unidad frente a las afectaciones.
Los reclamos colocan bajo un severo cuestionamiento la conducción de Cosío Gaona y la gestión administrativa de Enciso Rodríguez, planteando una exigencia directa al Gobierno del Estado para revisar el manejo de los recursos y determinar las responsabilidades que correspondan. Para los trabajadores, aunque el pago quincenal haya caído de forma tardía el viernes, la urgencia de fondo sigue intacta: contar con certeza sobre sus prestaciones, finiquitos y aportaciones mediante medidas que erradiquen el desorden administrativo y eviten la repetición de estos atropellos
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