Las instituciones que nacieron para respaldar y defender al gremio de la construcción en Jalisco atraviesan una severa crisis de representatividad. Tanto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Jalisco, encabezada por Roberto Escobedo Rivas, como algunoscolegios de ingenieros y profesionistas afines, lucen completamente entregados y serviles ante los dictados del Ejecutivo estatal. Lejos de actuar como contrapesos técnicos o defensores del piso parejo para los constructores locales, estas directivas operan como cajas de resonancia del poder público, dejando en la indefensión a las medianas y pequeñas empresas que históricamente han edificado la infraestructura del estado.
Esta sumisión institucional ha propiciado la consolidación de un grupo de poder que pretende adueñarse de la obra pública en la entidad. La convergencia entre exdirectivos del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco y perfiles con trayectoria en la Contraloría del Estado alrededor de la Comisión Estatal del Agua delinea la creación de un cacicazgo cerrado. Con el megaproyecto del acueducto y la agenda hídrica como el principal, y quizás único, gran renglón presupuestal del sexenio, el acceso a los contratos multimillonarios parece reservado a un círculo de firmas predilectas con vínculos directos con la cúpula gubernamental.
Como ejemplo de esta dinámica, el eje central de la inversión estatal se concentra en la política hídrica y en la Comisión Estatal del Agua (CEA). En un sexenio donde el debate público sobre transporte, red carretera, salud y equipamiento urbano ha quedado sofocado, la prioridad presupuestal y política se ha volcado casi en su totalidad al suministro de agua y a la construcción del acueducto, un paquete de obras cuya inversión proyectada supera los 20 mil millones de pesos. Esta decisión convierte a la CEA y al SIAPA en los brazos ejecutores clave y en la mayor fuente de asignación de recursos públicos de la administración.
Es precisamente alrededor de estas dependencias donde se ha articulado este grupo muy cercano al gobernador del estado. La confluencia entre perfiles vinculados a la directiva de la propia Comisión y redes de influencias políticas opera para subordinar la gestión pública a los intereses de un círculo selecto de contratistas. A través de bases de licitación diseñadas con filtros rigurosos de experiencia previa que favorecen a los mismos de siempre, se asegura que los grandes proyectos hídricos queden reservados para firmas predilectas, desplazando de facto a la industria local.
Frente a esta captura institucional, la disidencia organizada bajo la bandera de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) delegación Jalisco, liderada por el ingeniero Armando Mora Zamarripa, ha levantado la voz para exigir procesos de licitación transparentes y sin opacidades. La inconformidad responde al desplazamiento sistemático de los constructores tradicionales en favor de una estructura que utiliza a las cámaras empresariales oficiales como simples validadores de acuerdos previamente cerrados en los despachos gubernamentales.
La coyuntura resulta sumamente contradictoria cuando se analiza el origen de los mecanismos de fiscalización en Jalisco. La creación de contralorías sociales, comités de adjudicación y comités de evaluación fue producto de años de exigencia civil donde la Confederación Patronal de la República Mexicana desempeñó un papel decisivo en la construcción de contrapesos contra el favoritismo oficial.
El propio gobernador Pablo Lemus Navarro presidió la Coparmex Jalisco entre 2008 y 2011, un periodo en el que el organismo empresarial enarboló los valores de la transparencia, la libre competencia y el combate a la corrupción como banderas centrales. Resulta paradójico que, al asumir la conducción del estado, la política de infraestructura abandone esos mismos principios institucionales para dar paso a la opacidad, restringiendo la participación de la industria a unos cuantos grupos privilegiados y convirtiendo a la infraestructura hídrica en el coto privado del actual sexenio.
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