Por Alberto Jiménez Martínez.
Luis Enrique Osuna Sánchez destaca por su experiencia jurisdiccional y su trabajo en el desarrollo de mecanismos alternativos para resolver controversias entre particulares y autoridades.
Hoy a las 11 horas, se celebrará la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa, cuyo asunto central será la elección de la persona que ocupará su Presidencia.
La elección representa un paso relevante para consolidar esta vía de acceso a la justicia en México. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias reconoce al Consejo como el máximo órgano de autoridad en la materia y establece su integración con las personas titulares del Centro Público del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de los centros homólogos de los tribunales administrativos de las entidades federativas.
Entre sus atribuciones se encuentran revisar los criterios de capacitación y certificación de personas facilitadoras para homologarlos, establecer criterios para la publicación de convenios, crear y mantener actualizado el registro de facilitadores en materia administrativa y actuar como órgano consultivo. Su Presidencia se elige mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, por un periodo de tres años.
En este escenario destaca la candidatura del Maestro Luis Enrique Osuna Sánchez, actual director general del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su trayectoria como magistrado, su especialización en justicia administrativa y fiscal, así como su actividad académica nacional e internacional en justicia terapéutica y mecanismos alternativos, constituyen las principales fortalezas de su perfil para encabezar el Consejo.
La sesión tendrá como anfitrión al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presidido por el Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, y reunirá a representantes de la justicia administrativa federal y de las entidades federativas.
Quien resulte electo tendrá el reto de impulsar una agenda de colaboración nacional que reconozca la diversidad y experiencia de los tribunales del país, fortalezca la formación de personas facilitadoras y contribuya a consolidar soluciones dialogadas, jurídicamente viables y accesibles para los conflictos entre la ciudadanía y la administración pública.
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