Jorge Eduardo García Pulido,
La incorporación de 275 rutas del transporte público de Jalisco a Google Maps ha sido presentada como un avance significativo en la modernización del sistema de movilidad. Sin duda, facilita la consulta de recorridos, tiempos estimados y conexiones para miles de usuarios, y constituye un paso positivo hacia la digitalización del servicio. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿digitalizar un mapa significa tener una movilidad inteligente?
La respuesta es no.
Una ciudad inteligente no se mide por la cantidad de aplicaciones que utiliza, sino por la capacidad de sus instituciones para resolver los problemas cotidianos de quienes la habitan. La verdadera movilidad inteligente comienza cuando la tecnología mejora la calidad de vida de las personas y no únicamente la comunicación institucional. El discurso oficial suele hablar de ciudades resilientes. La resiliencia, desde la planeación urbana, se define como la capacidad de una ciudad para adaptarse y recuperarse frente a crisis o fenómenos extraordinarios. Sin embargo, vale la pena abrir un debate: ¿por qué conformarnos con ciudades que resisten los problemas cuando deberíamos construir ciudades que los prevengan?
En movilidad existe una resiliencia de la que poco se habla: la que viven diariamente millones de ciudadanos. Es la resiliencia del trabajador que pierde horas en el tráfico; del estudiante que no sabe si llegará puntual a clases; de la madre de familia que espera un autobús que no cumple su frecuencia; del operador sometido a jornadas de presión; y del automovilista atrapado en un sistema vial que parece haber perdido toda lógica.
Ese desgaste cotidiano genera estrés, ansiedad, frustración y conflictos entre peatones, ciclistas, motociclistas, operadores del transporte y automovilistas. La movilidad no sólo desplaza personas; también condiciona su bienestar físico y emocional. Mientras ese factor humano permanezca fuera de las políticas públicas, cualquier estrategia tecnológica será insuficiente. La realidad es que Guadalajara todavía no funciona como un sistema integrado de movilidad. Conviven Mi Tren, Mi Macro, autobuses urbanos, motocicletas, bicicletas, scooters, plataformas digitales y vehículos particulares sin una articulación plenamente eficiente. Existen avances importantes, pero también persisten problemas de coordinación, infraestructura, señalización, conectividad y operación que afectan diariamente la experiencia del usuario.
Por ello, la digitalización debe ir mucho más allá de mostrar rutas en una aplicación. Cada unidad del transporte público debería contar con geolocalización permanente, monitoreo en tiempo real, diagnóstico mecánico preventivo y cámaras de videovigilancia conectadas directamente al C4 o al C5 para atender de manera inmediata accidentes, hechos delictivos o cualquier situación de riesgo. Asimismo, la tarjeta electrónica del transporte necesita evolucionar. No debe ser únicamente un mecanismo de pago, sino una herramienta tecnológica vinculada —con el consentimiento del usuario y bajo estrictos estándares de protección de datos personales— a una plataforma que permita conocer los patrones de movilidad, mejorar la planeación de rutas y fortalecer la seguridad.
Con esa información sería posible identificar los puntos donde las personas abordan y descienden del transporte, generar indicadores de demanda, optimizar frecuencias, evaluar el desempeño de cada ruta y, en casos de emergencia, apoyar la actuación de las autoridades. Todo ello exige garantizar la protección de los datos físicos y digitales mediante protocolos robustos de ciberseguridad y gobernanza de la información. La tecnología debe servir para proteger derechos, no para comprometer la privacidad.
La información generada también debería integrarse a una política de datos abiertos que permita a universidades, especialistas y ciudadanía evaluar permanentemente la calidad del servicio mediante indicadores objetivos de puntualidad, cobertura, tiempos de recorrido, mantenimiento, seguridad y satisfacción del usuario. Sólo aquello que se mide puede mejorarse. Esta visión se encuentra alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, relativo a ciudades y comunidades sostenibles, así como con la Nueva Agenda Urbana, que promueve sistemas de movilidad seguros, accesibles, eficientes y sustentados en innovación y evidencia para la toma de decisiones.
En este contexto surge una pregunta inevitable: ¿dónde está la rectoría de la Secretaría de Transporte? Porque el verdadero desafío no consiste en anunciar que una ruta aparece en Google Maps. El reto es construir un sistema ordenado, interoperable, seguro y eficiente, donde la tecnología resuelva problemas reales y no únicamente mejore la imagen institucional. Después de varios años al frente de la Secretaría de Transporte, la gestión de Diego Monraz Villaseñor sigue enfrentando cuestionamientos por los resultados que perciben diariamente los usuarios. La modernización tecnológica anunciada contrasta con una experiencia ciudadana que continúa marcada por tiempos de espera prolongados, saturación de unidades, deficiencias operativas y una sensación de desorden en la movilidad metropolitana.
La innovación no puede medirse por el número de aplicaciones disponibles, sino por la reducción del tiempo de traslado, la disminución del estrés, la mejora en la seguridad, la calidad del servicio y la confianza de los ciudadanos. Mientras esos indicadores no mejoren de forma tangible, la llamada movilidad inteligente seguirá siendo una promesa en construcción y no una realidad para millones de jaliscienses.
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