Emilio Ulloa
Una de las mayores aportaciones de la Cuarta Transformación a la vida pública de México ha sido colocar la dimensión ética en el centro del ejercicio del poder. Durante décadas, el viejo régimen acostumbró a la sociedad a separar la eficacia política de la conducta moral de quienes gobernaban. Parecía suficiente administrar instituciones, ganar elecciones o mantener la estabilidad del sistema, aun cuando el poder se ejerciera desde el abuso, el privilegio o la impunidad.
La 4ta transformación rompió con esa lógica al reivindicar una premisa profundamente republicana: el poder sólo adquiere legitimidad cuando se ejerce con autoridad moral. No basta con ocupar un cargo; es indispensable honrar la confianza ciudadana mediante una conducta congruente con los principios que se proclaman.
Ese legado ético ha sido asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en que el segundo piso de la Cuarta Transformación no puede construirse únicamente con programas sociales, infraestructura o crecimiento económico. Debe edificarse también sobre una nueva cultura del servicio público, donde la honestidad, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad personal constituyan exigencias permanentes.
En ese contexto deben analizarse las denuncias por presunta violencia familiar presentadas contra el exdirector de Petróleos Mexicanos. Corresponderá exclusivamente a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales determinar los hechos y, en su caso, establecer las responsabilidades legales que procedan. El debido proceso y la presunción de inocencia son principios irrenunciables del Estado constitucional de derecho.
Pero la política no puede permanecer indiferente frente a hechos de esta naturaleza.
Existe una diferencia fundamental entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política. La primera se acredita mediante pruebas y resoluciones judiciales, la segunda surge desde el momento en que la conducta de un servidor público compromete la credibilidad, la autoridad moral o los valores que representa una institución democrática.
Por ello resulta relevante la posición asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que no habrá protección política para ningún funcionario investigado por hechos de violencia contra las mujeres y que las instituciones deben actuar con absoluta autonomía. Esa postura fortalece la confianza ciudadana y confirma que el movimiento de transformación no puede convertirse en refugio de privilegios ni en espacio de impunidad.
Lo mismo aplica para el espacio electoral y partidario, no más las épocas de Don Perpetuo de San Garabato, imponiendo candidatos y candidatas desde las gobernaturas, como la de David Monreal de Zacatecas.
La izquierda mexicana no nació únicamente para redistribuir la riqueza o ampliar derechos sociales. Nació también para combatir todas las formas de dominación, de cacicazgos y desigualdad. La autoridad política puede otorgarla una elección, la autoridad moral sólo la concede la congruencia.
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