Jorge Eduardo García Pulido.
Hablar de Jesús Reyes Heroles es evocar a un pensador que entendió la política no como un oficio de intereses pasajeros, sino como un compromiso profundo con la nación y su gente. Su perspectiva siempre fue clara: la política es el arte de hacer posible lo necesario, pero jamás a costa de la integridad. Para él, el poder no era un fin para el beneficio personal o de grupo, sino un vehículo para la transformación social y el respeto irrestricto a los valores que nos dan identidad. Reyes Heroles nos enseñó que la política sin ética es simplemente una cáscara vacía, una simulación donde las formas se descuidan porque el fondo —la vocación de servir— ha dejado de importar. Bajo esa luz, resulta imperativo revisar los actos de quienes hoy toman las decisiones en nuestro país, midiendo si están a la altura de esa tradición de pensamiento que puso siempre el interés común por encima de la conveniencia coyuntural.
La política, cuando se aleja de la convicción y se refugia en la conveniencia, deja de ser un instrumento de servicio para convertirse en un juego de espejos. Reyes Heroles lo resumió con una precisión que hoy nos cala hasta los huesos: en política, forma es fondo. Cuando vemos cómo las decisiones de los magistrados locales, quienes han intentado trazar una ruta hacia la horizontalidad y la justicia real, son revocadas por instancias superiores, lo que estamos viendo es una forma que traiciona el fondo de lo que debería ser nuestra democracia.
¿Por qué terminamos siempre beneficiando a la misma clase política y dejando a la deriva a las minorías? La respuesta suele esconderse detrás de tecnicismos legales, pero el fondo es mucho más sencillo y amargo: el poder le teme a la redistribución. La paridad de género y la representatividad de la diversidad cultural no son caprichos ni cuotas; son el intento urgente por equilibrar una balanza que lleva décadas inclinada hacia el mismo lado. Cuando un tribunal federal revoca la obligatoriedad de que mujeres ocupen alcaldías clave como Zapopan o Tonalá, no solo está discutiendo leyes; está decidiendo, una vez más, que el espacio público le pertenece por derecho adquirido a quienes siempre han estado ahí.
Es profundamente decepcionante ver cómo las convicciones de servicio se atropellan por las conveniencias de partido. Se nos dice que es una cuestión de derechos electorales o de autonomía partidista, pero lo que realmente sucede es una erosión de la esperanza social. Se ignora el trabajo de quienes buscan, desde lo local, una estructura política más justa, más plana y más diversa. Parece que permitimos que la política sea un mecanismo de preservación de intereses en lugar de un motor de transformación social.
¿Quién pierde en este intercambio? Perdemos todos. Perdemos la oportunidad de ver liderazgos frescos que entienden la realidad desde otra óptica. Pierden las minorías que ven cerradas, una vez más, las puertas de la toma de decisiones. Lo más grave es la normalización de esta dinámica: la idea de que, al final del día, los intereses pesan más que la vocación. Si permitimos que el ejercicio del poder se desconecte de la ética social, terminaremos habitando una democracia que funciona para las estructuras, pero que no sirve para las personas. Es hora de recuperar el fondo, porque la forma actual, simplemente, ya no nos representa.
Es necesario, por tanto, un alto en el camino. No podemos seguir permitiendo que la ambición de unos pocos dicte los límites de la representación de todos. La verdadera vocación de servicio exige valentía, exige mirar más allá de la próxima elección y, sobre todo, exige entender que la democracia no se construye con reglamentos que perpetúan el pasado, sino con actos que abren el futuro. O recuperamos el valor de la ética en el servicio público, o nos convertiremos en meros espectadores de nuestra propia exclusión.
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