Por Carlos Anguiano
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Una elección democrática entrega a una persona el mandato para gobernar, pero no le entrega el privilegio de ser evaluada en solitario. Cuando un ciudadano deposita su voto en una urna está eligiendo a quien encabezará un gobierno, pero también, aunque muchas veces no lo advierta, está poniendo en sus manos la responsabilidad de integrar un equipo que tomará decisiones, administrará recursos públicos y tendrá contacto cotidiano con la sociedad. Por eso resulta insuficiente juzgar a una administración exclusivamente por la popularidad, la imagen o la capacidad política de quien la encabeza. Un gobierno es mucho más que su titular: es el conjunto de funcionarios que lo acompañan, las decisiones que toman, la manera en que ejercen el poder y, sobre todo, los resultados que entregan.
Gobernar no es una actividad individual. El titular del Ejecutivo puede tener una gran visión, una extraordinaria capacidad de comunicación o una enorme legitimidad electoral, pero ninguna de esas cualidades garantiza por sí misma que una administración funcione. Buena parte del éxito o del fracaso comienza con la selección de sus funcionarios de primer nivel. Elegir colaboradores capaces, honestos, preparados y comprometidos con el servicio público puede multiplicar las posibilidades de éxito; colocar a personas por amistad, cuota política, lealtad personal o conveniencia puede convertir una buena administración en una suma de errores. Cada secretario, director o responsable de área termina representando al gobierno, incluso cuando sus decisiones no hayan sido tomadas personalmente por el gobernante. Su conducta, su estilo directivo, su capacidad para resolver problemas y la forma en que trata a los ciudadanos terminan inevitablemente formando parte de la evaluación del conjunto.
Los ciudadanos necesitamos aprender a evaluar gobiernos con mayor rigor. La reputación y la fama pública importan, pero no pueden sustituir al desempeño. La cercanía con la ciudadanía, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la capacidad de convocatoria, la relación institucional con los medios de comunicación, la comunicación en redes sociales y la capacidad para construir alianzas con el sector privado, académico y social pueden ofrecer señales importantes sobre la calidad de una administración. Pero ninguna estrategia de comunicación puede esconder indefinidamente la ausencia de resultados. Un gobierno puede tener excelentes campañas, una extraordinaria presencia digital y una relación favorable con determinados medios, y al mismo tiempo ser incapaz de resolver los problemas que afectan todos los días a la población. La comunicación explica; los resultados acreditan.
Ahí debería estar el centro de cualquier evaluación. Seguridad, educación, salud, movilidad, infraestructura, servicios públicos, desarrollo económico, medio ambiente, atención social y cada una de las responsabilidades gubernamentales deberían ser revisadas a partir de objetivos concretos, recursos ejercidos y resultados comprobables. ¿Qué se prometió? ¿Qué se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Qué mejoró? ¿Qué permaneció igual? ¿Qué empeoró? Son preguntas elementales, pero con demasiada frecuencia la discusión pública las sustituye por aplausos, propaganda, ataques partidistas o encuestas de popularidad. La aprobación ciudadana es un indicador político; no necesariamente es un certificado de buen gobierno.
La ciudadanía tampoco debería caer en la trampa de responsabilizar de todo al titular ni de exonerarlo de todo. Cuando un servicio falla, una obra se retrasa, una oficina pública trata mal a las personas, un programa no alcanza sus objetivos o un problema permanece sin solución, es sencillo señalar al gobernante. Pero una evaluación responsable debe identificar también qué funcionario tenía la responsabilidad directa, qué decisiones tomó, qué recursos recibió y qué resultados obtuvo. De la misma manera, cuando existen buenos resultados, también debe reconocerse a quienes los hicieron posibles. La justicia en la evaluación exige dejar atrás la lógica de los culpables absolutos y de los salvadores individuales.
Al final, las elecciones son también un mecanismo de evaluación. Los ciudadanos pueden premiar la continuidad o decidir la alternancia; pueden mantener a un partido en el poder o entregarle la responsabilidad a otro. Pero para hacerlo con madurez necesitan algo más que simpatías, rechazos o emociones momentáneas: necesitan memoria. Recordar qué se prometió, qué se cumplió, quiénes gobernaron y qué resultados dejaron. Porque cambiar de partido sin evaluar el desempeño anterior puede ser tan irreflexivo como mantenerlo únicamente por costumbre.
Una democracia madura consiste en observar permanentemente el ejercicio del poder, exigir cuentas y aprender de la experiencia. Debemos evaluar al gobernante, pero también a su gabinete; la imagen, pero también los resultados; la comunicación, pero también la gestión; las promesas, pero sobre todo su cumplimiento. La ciudadanía tiene derecho a exigir buenos gobiernos y la obligación democrática de evaluarlos con seriedad. Solo así podremos dejar de elegir únicamente por simpatía y comenzar a elegir cada vez mejor por capacidad, integridad y resultados.
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