*Las mismas caras, las mismas dudas
La actual Consejera Jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, vuelve a estar bajo la lupa por señalamientos que cuestionan la imparcialidad con la que se conduce una dependencia que debería ser garante de la legalidad y no refugio de intereses particulares.
Diversas versiones apuntan a una estrecha relación con el presidente del Colegio de Notarios, José Luis Leal Campos, situación que cobra relevancia ante casos donde ciudadanos denuncian presuntas irregularidades procesales y una preocupante falta de respuesta por parte de la propia Consejería Jurídica.
Entre ellos destaca el de una mujer adulta mayor que quieren despojar de su casa con un contrato de prestación de servicios que no firmó y que no recibió ningún servicio, y que exista un poder que ella tampoco firmó y que la consejera jurídica lejos de investigar, proteja al notario involucrado. Ya están denunciados todos los involucrados
Lo más delicado es que los señalamientos no son nuevos. Desde su paso por el Ayuntamiento de Zapopan, Tatiana Anaya fue vinculada por críticos de aquella administración con decisiones y actuaciones que generaron inconformidad entre diversos sectores.
Versiones apuntan que en su paso por la administración municipal en ese mismo contexto aparece el nombre de Adriana Romo López, actual tesorera de Zapopan, cuya gestión fue duramente cuestionada por la fallida inversión de 300 millones de pesos en Accendo, un caso por el que incluso regidores de oposición solicitaron su destitución y esta funcionaria se le ligaba en sus actividades con Tatiana Anaya para presionar y perseguir comerciantes ambulantes a quienes según los testimonios que obran en nuestro poder los exprimían obteniendo fuertes dividendos.
Hoy, la coincidencia de nombres vuelve a generar preguntas incómodas. Cuando los ciudadanos perciben que las denuncias no prosperan, que las autoridades evaden responsabilidades y que los mismos personajes aparecen una y otra vez alrededor de asuntos polémicos, el problema deja de ser político para convertirse en un asunto de credibilidad pública.
La Consejería Jurídica tiene la obligación de aclarar estos señalamientos. Porque la justicia no puede depender de influencias, relaciones personales o cercanías con grupos de poder.
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