Por Carlos Anguiano
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En junio de 2027 México enfrentará una elección compleja: diputaciones federales en la Cámara de Diputados, diputaciones locales en el Congreso del Estado de Jalisco, presidencias municipales y, por primera vez bajo nuevas reglas, la mitad pendiente del Poder Judicial de la Federación, además del total del Poder Judicial del Estado de Jalisco. La magnitud del proceso obliga a una pregunta incómoda: ¿seguiremos votando por inercia partidista y carisma, o incorporaremos criterios verificables para elegir con mayor racionalidad?
Los procesos formales son conocidos. Los partidos definen reglas internas, emiten convocatorias, registran aspirantes y realizan procesos de selección —encuestas, convenciones o designaciones—. En el ámbito judicial, la ruta incluye requisitos constitucionales, registros y campañas sujetas a nuevas disposiciones. Después, la ciudadanía decide en las urnas. El problema no es la legalidad del procedimiento; es la calidad de la información disponible para comparar perfiles.
Si aceptamos que legislar, gobernar un municipio o impartir justicia son funciones técnicas y de alta responsabilidad, entonces la evaluación previa debe ser igualmente técnica. No basta la popularidad. Se requiere método.
Propongo un esquema de Matriz de Mérito 2027, con cinco dimensiones ponderadas y publicadas antes del arranque formal de campañas. No sustituye al voto; lo informa.
1. Elegibilidad e integridad (25%)
Filtro inicial: cumplimiento constitucional, ausencia de inhabilitaciones, congruencia patrimonial y fiscal, declaración de intereses. Aquí no hay matices: quien no acredite integridad documental queda fuera del análisis comparativo.
2. Capacidad técnica (25%)
Para legisladores: conocimiento del proceso parlamentario, técnica normativa y análisis presupuestal.Para alcaldías: experiencia en gestión pública, control financiero y seguridad municipal. Para juzgadores: trayectoria jurisdiccional, producción jurídica y solidez argumentativa. La medición puede incluir revisión curricular con evidencia verificable y, en el caso judicial, análisis de sentencias o publicaciones.
3. Resultados previos (20%)
La política no puede evaluarse solo por intenciones. Se deben contrastar metas cumplidas, ejecución presupuestal, reducción de indicadores negativos o impacto normativo. En municipios, por ejemplo, comparar tasas de servicios básicos, disciplina financiera o evolución de la incidencia delictiva con datos oficiales. En el ámbito legislativo, asistencia, iniciativas dictaminadas y trabajo en comisiones.
4. Competencias públicas (15%)
Habilidades de negociación, comunicación clara y toma de decisiones bajo presión. Esto puede medirse mediante entrevistas estructuradas con rúbricas públicas y debates temáticos obligatorios.
5. Vinculación y legitimidad social (15%)
Trayectoria comunitaria verificable, mecanismos de rendición de cuentas y respaldo institucional documentado. No se trata de popularidad digital, sino de capital social construido.
Cada dimensión tendría indicadores específicos según el cargo y una escala homogénea de 0 a 100 puntos. El resultado final sería un puntaje ponderado y un ranking público por distrito o municipio. La metodología, las rúbricas y las fuentes de información deberían estar disponibles en línea. Transparencia ex ante y ex post.
Este esquema no invade competencias de autoridades electorales; puede ser impulsado por universidades, cámaras empresariales, organizaciones civiles o medios de comunicación. Incluso los propios partidos podrían adoptarlo para profesionalizar sus decisiones internas. La clave es la estandarización: comparar perfiles con los mismos criterios reduce la discrecionalidad y eleva el costo reputacional de postular candidaturas débiles.
En el caso del Poder Judicial, donde la independencia es condición esencial, la ponderación técnica debería ser mayor —hasta 60%— y la evaluación de conflictos de interés más estricta. La legitimidad de la reforma dependerá, en buena medida, de la calidad de quienes resulten electos.
Elegir con racionalidad no significa anular la dimensión política. Significa complementarla con evidencia. La democracia madura cuando el voto se apoya en información comparable y verificable. Sin métricas claras, la contienda se decide por narrativa; con métricas públicas, se decide por mérito.
De cara a 2027, el desafío no es solo competir, sino elevar el estándar. Institucionalizar una Matriz de Mérito permitiría a la ciudadanía contrastar perfiles con datos, no con eslóganes. Si aspiramos a congresos más profesionales, municipios mejor gestionados y tribunales independientes, el primer paso es medir lo que importa. La invitación es concreta: exigir criterios públicos, consultar evidencia y votar con información en la mano. Solo así la decisión colectiva será más libre y más responsable.
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