Jorge Eduardo García Pulido.
El próximo miércoles 18 de noviembre, el Congreso de Jalisco tendrá una de las comparecencias más importantes de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Pablo Lemus: la presentación de los titulares del Gabinete del Agua, la Comisión Estatal del Agua y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El protagonista inevitable será su director, Ismael Jáuregui Castañeda, quien deberá explicar por qué, después de asumir el organismo precisamente para enfrentar una crisis que ya había rebasado a sus antecesores, los problemas de calidad, distribución y suministro continúan siendo motivo de inconformidad ciudadana.
La pregunta ya no es únicamente qué encontró al llegar, sino qué consiguió resolver durante su administración. Su nombramiento fue presentado como una oportunidad para corregir el rumbo técnico y operativo del organismo. Sin embargo, los reportes de desabasto, las denuncias por agua turbia y las dificultades para garantizar un servicio confiable mantienen abierta la discusión sobre su capacidad para conducir la institución.
Por ello, esta glosa debe convertirse en un ejercicio de responsabilidad política. Si Ismael Jáuregui no puede acreditar resultados suficientes, explicar los incumplimientos y presentar una ruta verificable de recuperación, lo decoroso sería poner su cargo a disposición. Un funcionario público no puede convertir las condiciones heredadas en una justificación permanente. La dirección del SIAPA exige resultados y, cuando estos no corresponden a la responsabilidad asumida, también exige saber dar un paso al costado.
Pero existe otro componente político que merece atención: la participación del Gobierno Federal en el rescate hidráulico de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión federal de 14 mil 500 millones de pesos para infraestructura hidráulica, a través de CONAGUA, mientras el Gobierno de Jalisco comprometió otros 10 mil 200 millones. En conjunto, se trata de un programa de 24 mil 700 millones de pesos para atender la infraestructura de abastecimiento y potabilización de la metrópoli, con obras como los acueductos Chapala-Guadalajara y Calderón-San Gaspar.
Este anuncio modifica sustancialmente el escenario político. La Federación no solamente participa: asume una inversión determinante para enfrentar uno de los problemas más sensibles de Jalisco. En consecuencia, resulta indispensable que las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas Rodríguez abandonen cualquier controversia partidista que pretenda minimizar, relativizar o convertir en confrontación la intervención federal.
Ambas tienen responsabilidades legislativas y capacidad para exigir resultados al Ejecutivo estatal. Pero esa función no debe confundirse con la defensa automática de una narrativa partidista. La ciudadanía no necesita una competencia por adjudicarse el mérito de resolver el agua; necesita que los gobiernos trabajen coordinadamente y que sus representantes fiscalicen cada peso invertido.
En este contexto, también corresponde a Mirza Flores Gómez, dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, mantener una postura de respeto institucional. Si ha exigido respeto en el debate público, ese principio debe ser recíproco. No se puede reclamar tolerancia y reconocimiento para la propia posición mientras se descalifica o se resta legitimidad a la participación de quienes piensan distinto. El respeto político no puede ser una exigencia unilateral.
La intervención de Claudia Sheinbaum debe reconocerse por lo que representa para millones de habitantes de la ZMG, sin que ello signifique eximir al Gobierno estatal de sus obligaciones. La Federación construirá infraestructura estratégica; el Estado deberá ejecutar sus obras complementarias y el SIAPA continuará teniendo la responsabilidad de operar y mantener el sistema. Cada instancia tiene obligaciones concretas y deberá responder por ellas.
El 18 de noviembre, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas tendrán la oportunidad de demostrar que su participación parlamentaria está por encima de las diferencias partidistas: preguntar, fiscalizar, exigir resultados y reconocer la concurrencia federal cuando esta existe. También deberán exigir que el director del SIAPA responda por el presente, no solamente por el pasado del organismo.
La crisis del agua no se resuelve con declaraciones, fotografías ni disputas por el protagonismo. Se resuelve con infraestructura, transparencia, calidad sanitaria y continuidad en el servicio.
La comparecencia de Ismael Jáuregui debe dejar una respuesta inequívoca: o existen resultados que justifiquen su permanencia o ha llegado el momento de asumir la responsabilidad política de su salida. Porque el agua no tiene partido, pero la obligación de garantizarla sí tiene responsables. Y el próximo 18 de noviembre, el Congreso tendrá que exigirles que respondan.
La rendición de cuentas no es una concesión política: es una obligación frente a los ciudadanos.*
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