Jorge Eduardo García Pulido.
Detrás de la marejada mediática que pretendió presentar al Sistema de Reordenamiento Comercial en Tonalá como un esquema opaco, existe una historia no contada sobre tráfico de influencias, narcisismo político y el daño directo a la inversión privada a manos de un operador sin escrúpulos.
El verdadero fondo del caso SIRECO no radica en un fallo tecnológico ni en un perjuicio a las arcas públicas, sino en la conducta deliberada de Salvador González Loza. Desde la posición estratégica que ocupó como jefe de gabinete en el gobierno de Sergio Chávez Dávalos, González Loza conoció de cerca el potencial de una herramienta diseñada precisamente para lo opuesto a lo que después pregonó: un sistema digital orientado a erradicar la discrecionalidad, frenar el moche en efectivo de los inspectores y transparentar los ingresos por comercio en la vía pública.
La naturaleza de la plataforma era simple y legítima. El empresario José Luis Bueno Castellanos acudió al Ayuntamiento para entablar un diálogo institucional, presentar la tecnología y establecer las bases de una retribución basada estrictamente en un porcentaje sobre lo recaudado, un esquema estándar de contraprestación por servicios prestados donde el municipio no arriesgaba capital.
Sin embargo, cuando González Loza entendió que sus aspiraciones de continuidad en la estructura de Morena estaban canceladas para el proceso 2024, activó un plan de salida fundamentado en la traición. Movido por el beneficio personal inmediato y un marcado narcisismo político, pactó su incorporación al equipo del candidato opositor Francisco Arana y utilizó la información de gabinete como moneda de cambio.
Fiel a un estilo de operación basado en el engaño, González Loza tomó los expedientes de la negociación, sustrajo datos confidenciales y vendió a la prensa una historia manipulada. Transformó un acuerdo de eficiencia recaudatoria en una supuesta red de extorsión, usando la tergiversación para manchar la trayectoria de la hoy diputada Martha Arizmendi, del exregidor Alejandro Buenrostro y del propio presidente municipal Sergio Chávez.
El saldo final de esta maniobra ruin no solo fue el golpe político calculado para el periodo electoral. El daño colateral más grave lo sufrió el sector privado: un empresario que apostó por la modernización institucional de Tonalá terminó atrapado, defraudado y con severas pérdidas financieras tras convertirse en el blanco involuntario del tráfico de información de un funcionario que prefirió destruir un proyecto útil antes que perder vigencia política.
> **Nota de la redacción:**
> Tonalá no merece funcionarios que ajusten sus “principios” según el estado de ánimo con el que se despiertan. La lealtad y el servicio público no son un guardarropa que se cambia a conveniencia: un día del PAN, mañana en MC, pasado en Morena donde logra regiduría para la esposa y la Jefatura de Gabinete para él, para terminar traicionando y reculando al primer instante en que ve en riesgo su cheque presupuestal, corriendo de vuelta a Movimiento Ciudadano. Evalúe usted si un perfil con semejante nomadismo político realmente quiere a Tonalá o simplemente se sirve de los tonaltecas. Tenga cuidado al buscarlo para gestionar cualquier asunto institucional: al final, utilizará toda la información en su contra para acomodarla a su favor. Así opera el pragmatismo de quien vive de la nómina; así opera “Chavita Mentiras”.
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