Por: Jorge Eduardo García Pulido. El uso de los mecanismos de protección contra la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género ha mutado en el actual escenario preelectoral de Jalisco, pasando de ser un escudo de equidad a convertirse en un instrumento de desgaste y contención táctica. La simultaneidad de las querellas interpuestas en los principales epicentros políticos del estado no obedece a la casualidad, sino a la causalidad directa que rige los movimientos por el control del poder. Al aplicar una evaluación forense a los casos de Mirza Flores en Guadalajara y Lulú Barrera en Tlajomulco de Zúñiga, se evidencia un patrón de comportamiento institucional y partidista diseñado para neutralizar a los perfiles que representan una amenaza de crecimiento orgánico rumbo al proceso de 2027. En el caso de Guadalajara, la confrontación de Mirza Flores contra José María Martínez visibilizó el intento de la maquinaria emecista por frenar, a través de los tribunales, a un competidor directo. La desestimación de estas acusaciones por parte de las autoridades electorales expuso el riesgo de banalizar las causas legítimas de género al utilizarlas como recurso discursivo de campaña. Este primer escenario estableció el precedente de cómo las pugnas que deberían resolverse en la arena del debate público y las urnas buscan dirimirse de manera anticipada mediante la judicialización. El escenario de Tlajomulco de Zúñiga resulta aún más complejo y revelador de las alianzas soterradas que operan en la política local. La denuncia interpuesta por la regidora Lulú Barrera Razo contra el regidor Alberto Martínez Gutiérrez introduce una variable de fragmentación interna que, paradójicamente, beneficia al bloque en el poder. Considerando la cercanía pública y manifiesta de Barrera con Alberto Uribe, esta acción legal exige una lectura que trascienda la superficie del conflicto en el cabildo para adentrarse en la estrategia de la reconfiguración de fuerzas opositoras. La hipótesis del crecimiento contundente de Alberto Martínez Gutiérrez adquiere una validez insoslayable frente a estos hechos. Cuando el posicionamiento de un perfil opositor amenaza no solo al partido gobernante, sino a las jerarquías de su propia facción política, los mecanismos de contención se activan desde flancos inesperados. La querella promovida funciona, en la práctica, como una operación que hace comparsa con los intereses del partido oficial, despejando el camino para quienes buscan retener el control territorial de Tlajomulco sin enfrentar a un rival fortalecido. En el caso específico de Lourdes Barrera, hoy regidora por Morena y quien compitió por la presidencia municipal en Tlajomulco de Zúñiga, el uso de este instrumento demuestra una clara intención de hacer contención al crecimiento político del personaje conocido como el Vikingo. Aunque resulta evidente que esta querella es jurídicamente insuficiente y no va a prosperar, cumple a la perfección su verdadero objetivo: generar ruido, sembrar confusión en el debate público y anticipar lo que parece ser su boleto de entrada a Movimiento Ciudadano. La coincidencia cronológica no es obra del azar; el hecho de que tanto Mirza Flores como Lulú Barrera emitan declaraciones y movilicen recursos legales casi a la misma hora revela un cálculo sincronizado. Al hacer el enroque con la figura de Alberto Uribe, es estrictamente necesario precisar que no se tiene la certeza de que él esté operando detrás de esta maniobra. Sin embargo, las propias declaraciones de Barrera sobre su cercanía con él dan a entender que posiblemente se esté fraguando una ruta para consolidar a Uribe como candidato, o bien, que la maniobra busque allanar el camino para que Gerardo Quirino pueda ganar y mantener el control del municipio. Frente a este cruce de intereses y actuaciones simultáneas, la interrogante fundamental queda sobre la mesa y exige una respuesta clara de cara al electorado: ¿Realmente se está pintando Lourdes Barrera de color naranja y ya opera dentro de ese movimiento?
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