Por Jorge Eduardo García Pulido
La historia suele repetirse en la administración pública local como una comedia de equivocaciones donde los platos rotos siempre los pagan los ciudadanos. Lo que ocurre actualmente en el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) bajo la gestión de Salvador Cosío Gaona no tendría por qué causar sorpresa a nadie. Fiel a un estilo y a un apellido que históricamente ha sabido acomodarse en los pliegues del poder, las irregularidades en la dependencia están a la vista de todos y han dejado de ser meras sospechas para convertirse en un escándalo documentado.
Hacer memoria en Jalisco es una obligación periodística. No es la primera vez que el IDEFT es visto y utilizado como un botín político para el saqueo o como una caja chica para pagar favores a agrupaciones aliadas. La crisis de hoy obliga a mirar al pasado reciente y recordar el año 2013, cuando el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz no se tentó el corazón para remover de la dirección de ese mismo instituto a Susana Pérez Sánchez tras acreditarse severas anomalías administrativas y desvíos.
Al revisar los archivos del IDEFT y los antecedentes del caso, los problemas de fondo con Pérez Sánchez radicaron en acusaciones de un enriquecimiento escandaloso y una red de nepotismo que incluía a familiares directos en cargos clave del organigrama técnico y académico. Peor aún, se documentó el uso del instituto como una estructura paralela, contratando a un «batallón» de personas en el área de vinculación cuyos sueldos eran pagados con recursos públicos de los jaliscienses, pero que en realidad operaban en labores de campaña electoral. Tras ser hecha a un lado del cargo por el mandatario estatal, el destino de Susana Pérez Sánchez se diluyó en la escena pública institucional del estado, arrastrando señalamientos ante la opinión pública y dejando una herida abierta en la fiscalización del organismo. En aquel momento, la señal parecía clara: el IDEFT no podía ser el refugio de la opacidad.
Hoy el panorama es igual de alarmante o peor, y la trayectoria de quien encabeza la institución ofrece un sólido fundamento para entender la naturaleza del problema. Salvador Cosío Gaona cuenta con un largo recorrido en la política y el servicio público de la entidad: ha sido diputado federal, legislador local, notario público y militante o aliado de diversas fuerzas políticas según la coyuntura del momento, hasta consolidar su agrupación *Confío en México*. Al realizar una revisión puntual de registros legales y antecedentes, Cosío Gaona no presenta antecedentes penales formalizados ni condenas de carácter judicial en su historial. El fundamento de los cuestionamientos actuales no estriba en un asunto delictivo del pasado, sino en las visibles omisiones administrativas y financieras que ocurren bajo su firma en el presente.
Como ha venido documentando de manera rigurosa el portal periodístico *Marcatextos*, las investigaciones sobre la gestión actual han expuesto un desorden financiero institucionalizado. Las anomalías van desde los 103 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que siguen sin solventarse, hasta el colapso administrativo ante el SAT por el presunto uso indebido de firmas electrónicas de la administración anterior para el timbrado de nóminas. La investigación de *Marcatextos* también sacó a la luz una lista de viáticos sin comprobar por más de 1.2 millones de pesos, encabezada precisamente por Cosío Gaona con un monto de 442,499 pesos atribuido a un viaje a Puerto Vallarta.
A esto se suma el factor humano, que es el más doloroso. Mientras el sindicato denuncia la existencia de nuevos «aviadores» con sueldos exorbitantes y redes de nepotismo donde familiares de altos funcionarios cobran sin trabajar, los verdaderos instructores y maestros en municipios como Zapotlán, Lagos de Moreno o Huejuquilla pasan quincenas enteras sin percibir su salario ni sus prestaciones básicas de ley. El colmo del descaro ha sido el nombramiento de un contralor interno ligado por lazos de estrecha amistad con la familia del director, garantizando que el juez sea también parte del entramado.
La pelota está ahora en la cancha del gobernador Pablo Lemus Navarro. Si en el pasado reciente se optó por la condescendencia o el cálculo político al entregar esta posición, el actual mandatario tiene una oportunidad crucial para demostrar que el discurso de la transparencia no es letra muerta.
Es imperativo que Pablo Lemus aplique el mismo criterio riguroso que en su momento ejerció Aristóteles Sandoval: una limpia inmediata y una investigación profunda en los archivos de la dependencia. Mantener a Salvador Cosío al frente del IDEFT no solo prolonga la agonía financiera y operativa de una institución clave para el desarrollo laboral, sino que envía un mensaje de total impunidad. El instituto debe dejar de ser el botín de un grupo político; la dignidad de sus trabajadores y el patrimonio de Jalisco lo exigen con urgencia.
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