Por Jorge Eduardo García Pulido
Detrás del anuncio de un rescate financiero de hasta 13,000 millones de pesos canalizado por el Gobierno de México para mitigar la emergencia del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la administración estatal que encabeza Pablo Lemus Navarro ha quedado sujeta a una estricta disciplina técnica, financiera y política. La asignación comprometida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para construir el Nuevo Acueducto Chapala-Guadalajara y concluir las obras de distribución de la Presa El Zapotillo no constituye una concesión incondicional. Por el contrario, ata al erario local a un desembolso espejo obligatorio, desmonta la agenda de confrontación impulsada en el sexenio anterior y coloca al estado bajo la mirada vigilante de las instancias federales de fiscalización y seguridad.
Para liberar el flujo de los fondos federales, Lemus Navarro debió aceptar en Palacio Nacional condiciones que anulan iniciativas previas del gobierno estatal. La primera imposición radica en la concurrencia presupuestal: Jalisco deberá aportar entre 10,000 y 12,000 millones de pesos de recursos propios para financiar obras urgentes de potabilización y saneamiento, tales como la modernización integral de la Planta Potabilizadora Número Uno de Miravalle, los colectores de la presa Las Pintas y el ramal derivador de La Calera. Asimismo, la mandataria federal vetó de forma terminante cualquier esquema de privatización, asociación público-privada o contratación bajo el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO), cerrando el paso a la intervención de capital privado y a la adquisición de deuda bancaria. A esto se suma el repliegue político: para no comprometer el gasto federalizado, el mandatario jalisciense desactivó la retórica de ruptura frente al Pacto Fiscal que abanderó Enrique Alfaro Ramírez y asumió el costo social de aplicar tandeos continuos durante seis meses, en un intento por dar respuesta a la Recomendación 10/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco por la mala calidad del agua.
En paralelo al acuerdo del agua, la Federación retiene intacta su capacidad de presión institucional a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el manejo de las partidas federalizadas ejercidas entre 2018 y 2024. Con la llegada de Aureliano Hernández Palacios Cardel a la titularidad de la ASF, la fiscalización superior abandonó la pasividad tradicional para acelerar la presentación de 21 denuncias de hechos penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvíos patrimoniales y promover más de una treintena de expedientes por colusión y faltas administrativas graves en contrataciones públicas. En Jalisco, los expedientes más comprometidos abarcan el colapso operativo del SIAPA documentado en la Auditoría 106 de la Cuenta Pública 2023, las observaciones millonarias no solventadas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), los pagos irregulares por obras complementarias en trenes urbanos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y el daño financiero derivado de los depósitos en la quebrada institución Banco Accendo.
En este escenario irrumpe un elemento determinante que modifica los tiempos y la severidad de la justicia federal: la denominada Operación Enjambre, una estrategia de detenciones simultáneas desplegada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en coordinación con la FGR y las Fuerzas Armadas, enfocada en desarticular redes de corrupción institucional, extorsión y complicidad delictiva en administraciones locales. Esta operación, que acumula más de un centenar de servidores públicos detenidos en diversas entidades federativas, ya tuvo un impacto directo en Jalisco con la captura del entonces alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, junto con mandos de seguridad pública y desarrollo urbano municipal.
La existencia del modelo de la Operación Enjambre responde de manera afirmativa a la interrogante de si la Federación puede acelerar de forma imprevista los procesos penales y el libramiento de capturas en la entidad. Mientras el camino clásico de la ASF suele ser prolongado y permite plazos de solventación o reintegros económicos a la Tesorería de la Federación que extinguen la acción penal, la intervención conjunta de la UIF y el gabinete de seguridad federal bajo el esquema Enjambre omite las dilaciones burocráticas. Si los informes de inteligencia financiera detectan empresas fachada, esquemas de facturación simulada o colusión grave entre contratos públicos y redes criminales, el aparato federal no espera la conclusión de los ciclos de fiscalización administrativa para judicializar carpetas y ejecutar órdenes de aprehensión sorpresivas.
Pese a esta capacidad operativa, el riesgo de procesamiento penal no alcanza de manera uniforme a la cúpula saliente del gobierno alfarista. En la cúspide política, el exgobernador Enrique Alfaro ya no cuenta con fuero constitucional, pero la delegación legal del ejercicio del presupuesto en sus secretarios diluye la trazabilidad de dolo directo en su contra, aunado a que su residencia en España disminuye la presión operativa inmediata. De igual manera, el exjefe de Gabinete Hugo Manuel Luna Vázquez permanece blindado en el corto plazo gracias a la inmunidad parlamentaria que le otorga su curul como diputado federal en el Congreso de la Unión, lo que obligaría a desahogar un engorroso Juicio de Procedencia en San Lázaro antes de cualquier acción penal. Por su parte, perfiles como David Zamora Bueno en la SIOP y Alberto Esquer Gutiérrez en la actual Jefatura de Gabinete cuentan con el cobijo funcional que les confiere su permanencia dentro del organigrama en activo de Pablo Lemus.
La verdadera vulnerabilidad procesal se concentra en los mandos operativos del sexenio saliente que carecen de fuero y de presencia en la administración vigente. El perfil con mayor exposición a una detención inmediata es el exdirector general del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, quien encabeza la cadena de responsabilidad directa por las anomalías técnicas de la red de agua, acumula denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por afectaciones sanitarias y carece de respaldo político ante la crisis metropolitana. A este flanco crítico se suma el exsecretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, quien fue el responsable de ordenar las dispersiones bancarias y las inversiones de tesorería comprometidas en el caso Accendo, y cuya posición legal quedó desprotegida tras su renuncia al Instituto de Pensiones del Estado.
La inyección de 13,000 millones de pesos formalizada por Claudia Sheinbaum no debe leerse como una carta de impunidad para el pasado reciente. Si bien el Gobierno Federal privilegia la estabilidad para pacificar el conflicto social del agua y mantener la gobernabilidad en Jalisco, los antecedentes de la Operación Enjambre y las denuncias penales radicadas por la ASF evidencian que Palacio Nacional posee las palancas jurídicas y de inteligencia para actuar en cualquier momento. El pacto hídrico funciona como una tregua condicionada: mientras exista apego a las directrices federales y neutralidad política, los expedientes permanecerán en los escritorios; pero si el entendimiento institucional se fractura, la Federación cuenta con la maquinaria operativa lista para acelerar capturas en los eslabones más expuestos del sexenio alfarista
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