Por Redacción.
La crisis en la calidad y abasto de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara no es una disputa política ni un diferendo presupuestal, sino una grave emergencia ambiental y de salud pública provocada por la omisión, falta de mantenimiento e ineptitud de los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC). Frente a esta situación, la postura de la dirigencia estatal de MC, encabezada por Mirza Flores, carece de seriedad y solo busca confundir a la sociedad jalisciense en vísperas del proceso electoral.
Así lo denunció la vocera Claudia García Hernández durante la rueda de prensa de Morena Jalisco, acompañada por la presidenta estatal del partido, Erika Pérez, y el senador Carlos Lomelí. En su mensaje, desmintió categóricamente el discurso recurrente de la dirigencia naranja sobre una supuesta asignación de «cero pesos» por parte del Gobierno Federal para la infraestructura hídrica de la entidad.
Claudia García señaló que la llegada de agua insalubre, turbia y con olores fétidos a miles de hogares representa un riesgo sanitario directo para las familias tapatías, problema que el organismo operador SIAPA y los municipios gobernados por MC han sido incapaces de resolver. Lejos de asumir la responsabilidad de renovar las redes de distribución y sanear el sistema de almacenamiento, las autoridades locales han optado por el cálculo político y la confrontación mediática.
Respecto a las declaraciones de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, Claudia García aseveró que Mirza Flores, al ser la líder del partido que encabeza el gobierno, tiene la obligación ética y política de mantenerse informada, actuar con responsabilidad y no difundir falsedades entre la población en un contexto preelectoral. En este sentido, recriminó directamente a la dirigencia del partido naranja, señalando que seguramente pasó de noche por la Cámara de Diputados y nunca aprendió a leer ni a analizar el Presupuesto de Egresos, enfatizando que como dirigente de un partido en el gobierno debe estar informada y no confundir a la sociedad de Jalisco.
Para sustentar su postura, la vocera presentó el desglose formal de la inversión directa del Gobierno Federal a través del Ramo 16 para Jalisco, la cual asciende a mil 693 millones 984 mil 938 pesos. Dentro de este rubro, se destinan mil 41 millones 516 mil 800 pesos al saneamiento de los ríos de la Cuenca Lerma-Chapala bajo la partida 2516B000052, así como 16 millones 765 mil 926 pesos para el saneamiento del Río Santiago y sus afluentes en la partida 2516B000049. De igual forma, el programa U074 para Agua Potable, Drenaje y Tratamiento cuenta con 64 millones 100 mil 799 pesos, mientras que el programa U217 para Infraestructura Hidroagrícola dispone de 31 millones 618 mil 213 pesos.
Añadió que la entidad recibirá además 10 mil 931 millones 970 mil pesos adicionales por concepto de Gasto Federalizado de libre disposición. La vocera cuestionó por qué el Ejecutivo estatal y los municipios no utilizan esa bolsa millonaria para atender la contaminación del agua en la metrópoli, sugiriendo que la reticencia responde a la intención de desviar recursos públicos hacia las campañas electorales de las y los candidatos de Movimiento Ciudadano.
García Hernández llamó a las dirigencias y funcionarias de MC —incluyendo los señalamientos vertidos desde el Ayuntamiento de Zapopan por Ana Isaura Amador— a revisar el marco normativo de la República. Explicó que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Fracción III, inciso A, y párrafo segundo, establece de manera clara e ineludible que la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales es una competencia exclusiva de los municipios y del gobierno del estado.
Puntualizó además que aunque el Gobierno Federal quisiera requisar e intervenir el SIAPA para operarlo ante la clara ineptitud de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, estaría imposibilitado por la Constitución.
Por último, destacó que la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continúa trabajando en sus facultades de regulación e inspección, instalando mesas de trabajo en municipios como Tonalá para frenar descargas contaminantes en el Río Santiago y regularizar títulos de concesión para municipios, ejidos y pequeños productores rurales en beneficio de la población jalisciense.
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