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El costo político para Clemente Castañeda de haber puesto a Salvador Zamora como secretario de gobierno.

Jorge Eduardo García Pulido

​Hay derrotas que se gestan en las urnas y torpezas estratégicas que terminan por sepultar proyectos enteros desde la soberbia burocrática. La renuncia fulminante de Salvador Zamora Zamora a la Secretaría General de Gobierno no es un simple ajuste de piezas rumbo a 2027, como intentó justificar la retórica oficial. Es la implosión de una cuota partidista impuesta y el cobro de una factura política demoledora para su promotor directo: el senador José Clemente Castañeda Hoeflich. Movimiento Ciudadano no es Pablo Lemus Navarro, pero el empeño sistemático de Dante Delgado Rannauro y de Clemente por administrar la franquicia naranja mediante chantajes cupulares y operadores inoperantes está provocando la lenta eutanasia del bastión que alguna vez refundó el poder en Jalisco.

​La insipiencia de Salvador Zamora en la conducción de la política interior nunca fue un misterio en los pasillos de palacio. Colocado por el bloque clementista tras la conflictiva interna de 2023 para vigilar, frenar y condicionar a un gobernador de extracción patronal ajeno al círculo alfarista, el expresidente municipal de Tlajomulco demostró carecer por completo de pericia técnica y de instinto para procesar el conflicto social. En su ceguera centralista desde la Ciudad de México, Dante y Clemente asumieron que la gobernabilidad de Jalisco podía sostenerse con la inercia de una vieja camarilla. No dimensionaron que entregar una dependencia de seguridad y política a una figura decorativa significaba servirle en bandeja de plata a Pablo Lemus la justificación perfecta para extirpar al bloque tradicional del aparato estatal.

​La catástrofe de Zamora no quedó en el terreno del debate político; se tradujo en una quiebra operativa medible en números devastadores. El funcionario ya había sido despojado de toda autoridad parlamentaria desde el 7 de octubre con el oficio JG/0156/2026, mediante el cual el jefe de Gabinete, Alberto Esquer Gutiérrez, asumió la interlocución del Congreso local para el acueducto Chapala–Guadalajara. Sin embargo, la fractura terminal estalló cuando el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado colapsó la paciencia ciudadana distribuyendo agua hedionda y chocolatosa en decenas de colonias metropolitanas.

​Lejos de instalar mesas de concertación o desactivar el malestar ciudadano, el encargado de la política interna prefirió marcharse de vacaciones a España con su cónyuge. En su ausencia, la marcha pacífica del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco fue reprimida con agua a presión y gases lacrimógenos bajo el mando emergente de Esquer, dejando un saldo de 39 manifestantes detenidos de manera arbitraria, señalamientos de tortura que atrajeron la condena pública de la presidenta Claudia Sheinbaum y la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de agentes policiales lesionados con dos elementos de gravedad. Al día siguiente, con el estado sacudido por el escándalo de abuso policial, Zamora tampoco estuvo presente para supervisar el despliegue de los 13 mil elementos asignados a la Romería de Zapopan.

​El desenlace de esta insipiencia sobrevino el domingo 18 de octubre, cuando la administración estatal, atemorizada por el costo de su propia violencia, ordenó un repliegue policial que dejó al centro histórico en la orfandad. Esa inacción derivó en 15 millones de pesos en daños materiales, con bombas molotov estallando en los accesos de las sedes de los tres poderes, 245 metros cuadrados de cantera amarilla destrozados, 50 ventanas rotas y 13 vitrales vulnerados en Palacio de Gobierno, el Congreso y la Catedral. Días después, el propio secretario compareció ante los medios para eludir cobardemente las preguntas sobre quién ordenó la represión con un «esa no es parte que me toque a mí» y un «no lo sé». En ese instante, Zamora quedó sepultado bajo el mote del secretario de la silla vacía.

​Con esa coartada, Pablo Lemus reestructuró su gabinete y liquidó la cohabitación partidista sin pedir permiso a la dirigencia nacional. La designación de Carlos Arias Madrid, hasta entonces titular del Servicio Estatal Tributario, representa la sustitución de la cuota política por la tecnocracia disciplinada. Arias Madrid es un perfil con más de 25 años en la administración pública, con tres maestrías enfocadas en Derecho Público, Electoral y de Empresa, trayectoria directiva en el Consejo de la Judicatura, experiencia legislativa en el Senado y especialización en mediación y manejo de crisis. Con este nombramiento, el gobernador clausura las líneas de mando paralelas, despolitiza la Secretaría General y somete la política interior y la relación con los municipios al mando único de su estructura y a la operación ejecutiva de Alberto Esquer.

​El saldo de este episodio para el senador Clemente Castañeda es ruinoso. Al perder la Secretaría General de Gobierno, su grupo pierde el cien por ciento de su injerencia fáctica en la conducción del Ejecutivo estatal y queda marginado de las decisiones presupuestales y operativas en Jalisco. Paralelamente, Castañeda acaba de presenciar el desgaste absoluto de su principal carta electoral para los comicios de 2027: Salvador Zamora, aquel cuadro que en 2018 arrasó en Tlajomulco con 83,223 votos y el 48.70% de las preferencias, hoy sale desprestigiado, exhibido por indolencia ante la opinión pública y cancelado como alternativa competitiva para la alcaldía de Guadalajara o una diputación federal estratégica. La caída de Zamora deja desamparada y sitiada a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, quien deberá lidiar con las presiones de Casa Jalisco sin un contrapeso de su corriente dentro del gabinete.

​Por empeñarse en sostener parcelas de poder con operadores de papel y creer que el gobierno de Jalisco se conduce mediante llamadas a control remoto desde el Senado, Clemente Castañeda y Dante Delgado le han regalado a Lemus el dominio absoluto del tablero estatal. La insipiencia de Zamora demostró que los pactos basados en la debilidad terminan en desalojos forzados: el senador impuso a su alfil para amarrar al gobernador, y hoy se queda sin secretaría, sin candidato metropolitano y con un partido que agoniza devorado por la concentración de poder en Casa Jalisco.


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