Por Carlos Anguiano
www.youtube.com/c/carlosanguianoz
@carlosanguianoz en redes sociales
La política mexicana enfrenta un problema que va más allá de la competencia entre partidos: una ciudadanía que acumula frustraciones, observa promesas incumplidas y comienza a preguntarse si involucrarse realmente vale la pena. Los partidos políticos han quedado a deber, pero la responsabilidad es todavía mayor para quienes ejercen el poder, porque gobernar significa responder a las necesidades colectivas, administrar recursos públicos y ofrecer resultados. Cuando las expectativas sociales chocan una y otra vez con la realidad, el malestar deja de ser una expresión aislada y se convierte en una señal de desgaste de la confianza pública.
La polarización agrava ese escenario. En lugar de concentrar el debate en los problemas que afectan a las familias, buena parte de la conversación política se consume en descalificaciones y disputas por imponer una narrativa. Cada grupo intenta demostrar que tiene la razón y que el adversario representa todos los males. Mientras tanto, las necesidades ciudadanas corren el riesgo de quedar relegadas. La inseguridad, el acceso a la salud, la educación, el empleo y la calidad de los servicios públicos no se resuelven mediante consignas. Requieren diagnóstico, presupuesto, capacidad institucional y evaluación de resultados.
El problema no se limita a una fuerza política ni a un periodo de gobierno. Los ciudadanos han visto alternancias, cambios de discurso y promesas de transformación, pero siguen enfrentando problemas que demandan soluciones sostenidas. Cada administración tiene la obligación de responder por sus propias decisiones, sin esconderse detrás de los errores de sus antecesores. Del mismo modo, ningún partido puede reclamar confianza automáticamente por su historia, sus principios o su discurso. La confianza se construye con congruencia, transparencia, rendición de cuentas y resultados; no se hereda ni se impone desde una tribuna.
Hay datos que ayudan a dimensionar este distanciamiento. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica de 2020, elaborada por el INEGI, registró que apenas 21% de la población manifestaba mucha o algo de confianza en los partidos políticos. Aunque se trata de una medición anterior, constituye un antecedente relevante de la desconfianza institucional. Por su parte, el INE reportó que la participación en la elección presidencial de 2024 fue de 59.8% de la lista nominal, por debajo de los niveles registrados en 2012 y 2018. Estas cifras no explican por sí solas las motivaciones de cada ciudadano, pero invitan a examinar la relación entre representación política, credibilidad y participación.
La decepción puede convertirse en frustración; la frustración, en indiferencia; y la indiferencia, en apatía. Cuando una persona siente que su opinión no cambia las decisiones, que las autoridades no escuchan o que las campañas solo la buscan cuando necesitan su voto, es comprensible que disminuya su disposición a participar. No significa necesariamente que haya perdido el interés por su comunidad. A veces, significa que se ha cansado de esperar respuestas. Confundir ese cansancio con conformidad sería un error: detrás del silencio puede haber inconformidad, desconfianza y una demanda de representación más auténtica.
La apatía también tiene consecuencias. Cuando la ciudadanía se retira de los asuntos públicos, deja más espacio para que las decisiones se tomen sin vigilancia suficiente. Por eso, abandonar la participación no corrige los defectos de la política; puede hacer más difícil exigir que se corrijan. La responsabilidad tampoco debe trasladarse únicamente a la sociedad: corresponde a los gobiernos escuchar, explicar sus decisiones, reconocer errores y demostrar que el servicio público está por encima de los intereses partidistas.
México se aproxima al proceso electoral de 2026-2027 con el desafío de recuperar la atención y la confianza de una ciudadanía exigente, diversa y cansada de la confrontación estéril. No bastará con multiplicar propaganda o renovar promesas. Los partidos tendrán que demostrar que saben representar; los gobernantes, que saben cumplir; y las instituciones, que pueden ofrecer respuestas.
La salida no está en resignarnos ni en convertir la decepción en rechazo absoluto a toda forma de participación. Está en recuperar el criterio propio, contrastar la información, exigir cuentas a todos los niveles de gobierno y evaluar a cada fuerza política por sus hechos. La democracia necesita ciudadanos críticos, no seguidores incondicionales; participación informada, no obediencia; y autoridades que entiendan que el poder es una responsabilidad temporal, no un patrimonio.
La ciudadanía tiene derecho a estar decepcionada, pero también conserva la capacidad de exigir, vigilar y transformar. Que el desencanto no nos quite la voz: hagamos de la inconformidad una participación responsable y de la exigencia ciudadana el punto de partida para una mejor vida pública.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
