Por: Jorge Eduardo García Pulido
La crisis de agua turbia, fétida y contaminada que asfixia a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) no es un castigo de la naturaleza, sino el resultado de una negligencia institucional profundamente arraigada. Al analizar la legislación vigente, las responsabilidades legales, operativas y financieras no se diluyen en el sistema, sino que apuntan directamente a la Junta de Gobierno y a la Dirección General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Desde su transformación jurídica a finales de 2013, el SIAPA dejó de ser una simple asociación intermunicipal para convertirse en un Organismo Público Descentralizado (OPD) dependiente del Poder Ejecutivo del Estado. Su Ley de creación es muy clara respecto a quiénes toman las decisiones: la Junta de Gobierno está presidida por el Gobernador de Jalisco (o la persona que este designe), contando con voto de calidad, mientras que el cargo de Secretario Técnico recae en el Director General del organismo. Esta estructura piramidal transfiere una responsabilidad ineludible de la gestión hídrica a la cúpula estatal.
El marco legal es estricto en cuanto a las obligaciones de estos funcionarios. El Artículo 4 de la Ley del OPD y los reglamentos internos obligan a los directivos del SIAPA a garantizar la potabilización, mantener y rehabilitar la infraestructura hidrosanitaria y cumplir irrestrictamente con las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la salud, como la NOM-127-SSA1-2021. Más aún, el reglamento exige que la dirección utilice todos sus ingresos destinándolos «en forma prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la infraestructura obsoleta y administración».
Sin embargo, quienes dirigen el organismo han traicionado este mandato legal para sostener una «engorda nominal» a expensas del servicio. Con un presupuesto anual autorizado para 2024 de 5,894 millones de pesos, la cúpula administrativa decidió destinar 1,713 millones al pago de nóminas de más de tres mil trabajadores y 545 millones a empresas privadas subcontratadas para tareas administrativas y de cobranza. En contraste, apenas 430 millones se etiquetaron para inversión pública y obras.
Mientras las autoridades mantienen deudas acumuladas por más de 4,464 millones de pesos, la infraestructura de la ciudad agoniza con tuberías que tienen hasta 90 años de antigüedad. Esta falta de inversión directa provoca mermas monstruosas que hacen que se pierda gran parte del agua en el subsuelo, propiciando socavones y desabasto. Todo esto ocurre mientras se reporta que la Dirección General del organismo goza de sueldos mensuales que superan los 100,000 pesos, rebasando incluso los ingresos de varios presidentes municipales del Área Metropolitana.
Las consecuencias de estas decisiones tomadas desde los escritorios del SIAPA las pagan las familias en los hospitales y en sus bolsillos. Por esta negligencia, los ciudadanos reciben un agua carente de desinfección adecuada (sin cloro residual) y con presencia documentada de plomo, aluminio, nitratos y materia fecal.
Ante esta vulneración sistemática del derecho a la salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expidió la Recomendación 10/2026, responsabilizando directamente a las autoridades por el agua sucia suministrada en al menos 600 colonias y exigiendo un plan de remediación urgente.
El descontento ha escalado al grado en que desde el Congreso del Estado diversas voces y fracciones parlamentarias han amenazado con impulsar un juicio político por «desacato constitucional» contra la dirección general del SIAPA, debido a la negativa sistemática del titular a comparecer ante los diputados para rendir cuentas sobre la calidad del agua, las deudas millonarias y los cobros injustificados basados en «promedios estimados» a más de 250 mil cuentas que ni siquiera tienen medidor.
La conclusión para los jaliscienses es innegable: la crisis hídrica no es obra de la casualidad, es producto directo de quienes integran y dirigen al SIAPA, funcionarios que han violado su propia ley orgánica y han condenado a la segunda ciudad más importante del país a subsistir con agua que envenena.
Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que La Verdad Jalisco no se hace responsable de los mismos.
